La voluntad del PSOE de dificultar la vida a los okupas hace todavía más evidente la fractura entre los socialistas y Podemos y pone en peligro la aprobación de la nueva ley sobre la vivienda. La semana pasada, el partido del presidente español, Pedro Sánchez, propuso en el Congreso de los Diputados dos iniciativas para acelerar el desalojo de okupas. En otras palabras: poder echarlos en menos de 48 horas. El caso es que estas dos iniciativas no van de la mano del texto que se está negociando en la cámara baja, y se propusieron sin que los socios del ejecutivo español supieran nada. "Eso está fuera de lugar", señalaba Rafa Mayoral, diputado de Unidas Podemos.
Ha sido este lunes cuando el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que es una evidencia que ante el precio de los alquileres y el aumento del precio de las hipotecas se necesitan medidas en el plano legislativo, con el fin de avisar al PSOE de que "se equivoca gravemente" y es "altamente preocupante" que en este campo "compre la agenda de la derecha y la ultraderecha" con una enmienda antiokupa.
Esta cuestión de la vivienda hace tiempo que genera varios obstáculos entre los dos socios de gobierno. La formación lila quiere incluir enmiendas con el fin de pulir el texto y que así pueda contar con su luz verde, pero el PSOE lo critica, porque considera que así pueden acabar rompiendo el consenso al cual se llegó en el Consejo de Ministros. Es por eso que todo lo que tiene relación con esta ley de la vivienda será uno de los aspectos que fundamentarán el diálogo que mantienen los dos equipos negociadores. No se descarta que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta segunda del ejecutivo español, Yolanda Díaz, intervengan a la fase final con el fin de pulir las últimas diferencias.
Este mismo lunes, Podemos ha explicado que está intentando sacar adelante la nueva ley sobre la vivienda de la manera que sea, y ha advertido al PSOE que a estas alturas el acuerdo depende únicamente de su "voluntad política" para asumir algunas de sus peticiones, como la aprobación de esta ley, impulsar la ley de familias o derogar de manera definitiva la 'ley mordaza'. De la misma manera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que las denuncias por okupación de viviendas han bajado entre un 7% y un 10% durante este 2022; un dato que, según él, legitima todavía más la voluntad de sacar adelante enmiendas que puedan reducir el tiempo que se tarda en desalojar okupas.
Según el ministro, sin embargo, no se tiene que confundir esta problemática con la protección de colectivos vulnerables en casos de desahucios. "No se tiene que confundir el allanamiento de morada y la usurpación", ha asegurado Marlaska. Asimismo, ha pedido no confundir la enmienda presentada por el PSOE con casos de desahucio por "impago del alquiler o de la hipoteca". "La enmienda en ningún caso contradice la protección de colectivos vulnerables", ha añadido.