Pedro Sánchez pretende que el 29N sean las elecciones de la vivienda. Su equipo considera que convertir las generales en un plebiscito sobre la materia es la mejor oportunidad que tiene el PSOE para continuar en la Moncloa, o como mínimo obtener el mejor-peor resultado posible y poder plantar cara al PP y Vox desde la oposición en la próxima legislatura. ¿Pero podrán los socialistas mantener esta crisis en el centro del debate durante los próximos casi dos meses? De momento ya han surgido nuevas carpetas que han revolucionado el arranque de la campaña. Al día siguiente de disolver las Cortes, el Constitucional avalaba amnistiar la malversación y el Supremo levantaba la orden de detención a Carles Puigdemont. Y el PP, por otro lado, no tiene ningún inconveniente en abonar la teoría del pucherazo electoral cuestionando la fiabilidad del voto por correo.
Para hablar del origen de convocatoria de estas elecciones hay que retroceder al mes de junio. El Centro de Investigaciones Sociológicas publicó este pasado jueves un barómetro sobre la opinión de los ciudadanos respecto de la vivienda: quieren intervenir el mercado para garantizar a todo el mundo el acceso, pagar menos impuestos en la compra de la primera casa y dar más garantías a propietarios por impagos. Son las líneas maestras del decreto ley que rescató el Gobierno después de las vacaciones de verano; el que decayó en el Congreso con los votos de Junts, PP y Vox y que precipitó el adelanto electoral. El caso es que el estudio se publicó el jueves, pero se había elaborado el mes de junio.
Mientras tanto, la movilización en la calle no se ha detenido. Las acampadas de la plaza de Catalunya de Barcelona y de la Puerta del Sol de Madrid continúan vivas. Esta semana se han sumado las manifestaciones por Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada del piso donde había vivido siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda, que murió el miércoles sin haber podido volver a casa. Y el calendario de protestas tiene ya una próxima cita: los sindicatos han acordado convocar una huelga general para el 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral.
Amnistía
Pero hay vida más allá de la vivienda. La amnistía está llamada a ser uno de los temas de esta campaña. Es la ley que dio sentido a la legislatura que acaba de terminar; el pacto necesario para que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana invistieran a Pedro Sánchez. Y ha sido ya una vez que el presidente español ha convocado las urnas que el Tribunal Constitucional ha instado al Tribunal Supremo a amnistiar la malversación del 1-O. Pocas horas después, el juez Pablo Llarena levantó las órdenes de detención de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, y se prevé que el archivo definitivo de la causa no se produzca hasta que el alto tribunal no tenga en sus manos la sentencia definitiva del tribunal de garantías.
Fuentes del Gobierno aseguran que el aval del Constitucional —y también si el Supremo acaba amnistiando al president de la Generalitat en el exilio— como un "activo electoral" del PSOE "en Catalunya y también en Huelva" y un "triunfo indiscutible" del ejecutivo presidido por Sánchez. A pesar de que Alberto Núñez Feijóo reaccionara a la sentencia afirmando que "vender favores a cambio de poder se tiene que castigar en las urnas", los socialistas están convencidos de que esto les sumará puntos. "La gente entenderá que el PSOE es el único partido capaz de solucionar problemas políticos de profundidad; es la formación que acabó con ETA y que ahora ha resuelto el conflicto político entre Catalunya y España", reitera un ministro de máxima confianza de Sánchez.
La ley de nietos y el relato del pucherazo por el voto por correo
Uno de los temas candentes de este arranque de campaña es el voto en sí mismo. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente en septiembre, a petición de Vox e Iustitia Europa, el voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos inscritos en el censo de residentes ausentes, excepto los que acrediten exilio familiar. El alto tribunal ve un "peligro fundado, real y serio" para el proceso electoral. La medida puede afectar entre 170.000 y 330.000 personas. Vox presume de haber "parado" a Sánchez de perpetrar un "golpe" en las próximas elecciones generales.
En medio de todo esto, dirigentes del PP han abonado el relato del pucherazo electoral a través del voto por correo, y Feijóo se ha sumado a ello. El líder de los populares afirmó que confía en los carteros y en los trabajadores de Correos, pero no en sus directivos. Su partido pide que la Junta Electoral Central tome "algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo". Feijóo, que presidió la empresa pública, justificó la desconfianza en el hecho de que ocuparon puestos directivos Juan Manuel Serrano y Leire Díez, investigados en el caso de las cloacas del PSOE. Antes, Isabel Díaz Ayuso había pedido "a todo el mundo que ni se le pase por la cabeza votar por correo", mientras que el portavoz del PP, Borja Sémper, defendió el martes en Onda Cero que "el sistema es garantista".
Las candidaturas unitarias a la izquierda del PSOE (y con el mismo PSOE)
Paralelamente, fuentes del PSOE admitían el viernes a la agencia EFE que el partido estudia concurrir al Senado con otras fuerzas de izquierda para evitar que el PP vuelva a controlar la cámara alta con mayoría absoluta. Durante esta pasada legislatura los populares han retrasado la aprobación de diversas normas aprobadas en el Congreso cuando estas debían pasar por el filtro de la cámara alta. El plazo para registrar coaliciones termina el 16 de octubre.
Al día siguiente, el espacio de Sumar tiene previsto presentar su nueva marca, Frente Amplio, todavía sin cabeza de lista. Ada Colau no solo se ha mostrado dispuesta a liderarlo si se suma Podemos y hay "una única papeleta", sino que Más Madrid la ha propuesto a ella como líder de la lista presentándose por Barcelona. La exalcaldesa de la capital catalana, sin embargo, ha animado a Gabriel Rufián a ir juntos, mientras el todavía líder de Esquerra Republicana en Madrid negocia con el partido de Oriol Junqueras unas "condiciones mínimas" para repetir como cabeza de cartel.
Ceuta y los casos de corrupción
Mientras las formaciones de izquierdas consideran que la vivienda es un marco que les interesa para la campaña, la derecha ve lo mismo con la inmigración. Es por eso que Feijóo eligió Ceuta para su primer desplazamiento después de la convocatoria de elecciones. Además, Felipe VI viajará a Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre. La visita llegará más de dos meses después de la crisis migratoria de finales de julio, que todavía no se ha resuelto. Será el primer viaje oficial del monarca a las dos ciudades, que Marruecos reivindica como suyas, de manera que se prevé que el viaje reviva la tensión diplomática. Hay un precedente de 2007: cuando Juan Carlos I las visitó, Rabat expresó su malestar y llamó a consultas a su embajador en Madrid.
Aparte de la ley de amnistía, la legislatura ha estado marcada por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar de Sánchez. Solo arrancar la precampaña electoral, el PP ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal en el caso Leire, la investigación sobre las llamadas cloacas del partido. Después de un mandato marcado por el caso de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, Begoña Gómez está a la espera de que confirmen la fecha de su juicio con jurado popular. Convencidos de que es inocente, los socialistas aseguran que este caso también les beneficia de cara a la campaña electoral.