El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa de su gobierno y lo ha querido diferenciar del anterior ejecutivo, liderado por el Partido Popular. Marlaska ha defendido que desde que Pedro Sánchez encabeza al ejecutivo español que "no hay cloacas" del Estado. Lo ha argumentado este martes por la tarde en respuesta a ERC y JxCat a la sesión de control en el Senado, en el que los partidos independentistas han pedido explicaciones a Marlaska por la Operación Catalunya y la guerra sucia contra el independentismo. El ministro de Interior ha pedido "no confundir momentos históricos ni gobiernos", ya que "hace cuatro años que se están rompiendo estas estrategias", que implicaban en un "número mínimo de funcionarios que sucumbieron al poder político". Según Marlaska, en la actualidad "no se persiguen las ideas" y que hace cuatro años que se respeta la separación de poderes. "Aquí no se violenta ningún derecho fundamental, aquí no se persiguen ideas", ha declarado delante del hemiciclo.
"La única cosa que se ha investigado son los hechos susceptibles de ser constitutivos de delito bajo la tutela judicial", ha asegurado Marlaska. En relación con el espionaje, el ministro de Interior ha garantizado que "desde hace al menos cuatro años que no hay ninguna intervención telefónica sin autorización judicial". Marlaska ha asegurado que en el estado español "no se violenta ningún derecho fundamental" y se respeta "el principio de legalidad". "Respetamos la separación de poderes y cumplimos los principios de una democracia llena", ha insistido. La portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortés, ha denunciado que "el Estado prevalece por encima de la democracia" y se ataca el independentismo. "La guerra sucia está más que constatada", ha dicho Cortés, que ha puesto como ejemplo el 'Catalangate' y ha criticado que el PSOE bloquee una comisión de investigación de las cloacas del Estado. El portavoz de JxCat, Josep Lluís Cleries, ha afirmado que en España hay un "panorama antidemocrático" y ha lamentado que hay "opacidad total", tanto con el PP como con el PSOE. "Priorizan España a la democracia y a la legalidad", ha denunciado, y ha lamentado que no se han depurado responsabilidades por la Operación Catalunya.
De hecho, hoy, el Partido Socialista español ha cerrado filas con el Partido Popular y la formación ultraderechista de Vox para vetar investigar las cloacas del Estado español. El PSOE ha unido sus votos con los populares y lo extrema derecha para evitar que el Congreso de los Diputados abra una comisión para indagar sobre el deep state, una propuesta registrada por Unides Podem, ERC, Junts, CUP, PDeCAT, Bildu, en Común Podemos, BNG y Compromís. Arran del estallido del CatalanGate las formaciones afectadas por el espionaje pidieron una investigación sobre el caso Pegasus que fue tumbada por los tres mismos partidos que ahora rehúsan investigar sobre las cloacas. La iniciativa pretendía que el Congreso investigara "la vinculación de varios estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial con recursos y armas reservadas a organismos estatales, al servicio de intereses ilegítimos al margen del interés general."
El portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, ha justificado el movimiento de su partido y ha asegurado que "el objeto real para tratar estos temas es la Comisión de Despeses Reservades", constituida en la Cámara Baja hace pocas semanas después de hacerse público el espionaje masivo a varias personalidades del entorno independentista. Las formaciones que registraron esta última propuesta el 12 de mayo, han exigido que se constituya una comisión para aclarar si estas estructuras parapoliciales del Estado están detrás del CatalanGate y también para indagar en los interrogantes que se han destapado sobre este asunto, ya que las explicaciones del Gobierno han estado con cuentagotas. Hay que tener en cuenta, y así lo mencionan las formaciones que han firmado el texto que los socialistas han vetado, que la existencia de esta trama parapolicial al margen de la legislación, liderada por el excomisario José Manuel Villarejo, ya fue constatada por el Congreso en dos otras comisiones de investigación que sí que contaron con el apoyo del PSOE. Claro está que entonces los socialistas no tenían responsabilidades de gobierno.