El Parlamento Europeo, a instancias del PP, ha pedido a las autoridades judiciales españolas que investiguen "de forma efectiva" las "supuestas conexiones" entre eurodiputados catalanes y el Kremlin y los intentos de Rusia de "desestabilizar e interferir en la Unión Europea y los estados miembros". Poco después de hacerse pública la petición, el presidente y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, negaba la trama rusa y acusaba el PP "de arrastrar" al Parlamento Europeo por intereses "partidistas". Puigdemont envió una carta al resto de eurodiputados asegurando que "no ha existido ninguna trama rusa ni ninguna connivencia con el régimen de Putin".
En una línea muy similar se ha expresado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en TVE, donde ha indicado que "no le consta la conexión entre el independentismo y Rusia". Además, el titular de Interior ha recordado que "España es un país que investiga todo lo que se denuncia. Esta cuestión está siendo objeto de investigación". Dejemos que sean los órganos competentes los que lo determinen", ha pedido.
46 policías españoles, a juicio por las cargas del 1-O
El ministro del Interior también ha afirmado que "respeta" la decisión de la Audiencia de Barcelona de enviar a juicio a 46 policías por su actuación durante el 1-O, pero se ha mostrado "convencido" de que aquel día los agentes actuaron "con la proporcionalidad necesaria". "Yo llevo más de cinco años y medio al frente de Ministerio del Interior, y de lo único que puedo hablar es de la gran profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esta profesionalidad se basa en el hecho de que su conducta y respuesta siempre es en el marco de la ley", ha dicho. En este sentido, ha afirmado que "los mismos agentes" evalúan sus actuaciones de manera "continua", y "en base a los protocolos que se van estableciendo se genera un comportamiento que determina que sea mucho más fácil adecuarse a las circunstancias y actuar de manera proporcionada en cada momento".
Advertencia a los agricultores
Finalmente, el ministro del Interior ha afirmado que de momento al Ministerio no le consta ninguna comunicación de manifestación de los agricultores como la de la plataforma 6-F para este sábado en Madrid, que tiene el objetivo de llegar hasta las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Marlaska ha recordado que todas las manifestaciones "tienen que ser comunicadas" pero no ha aclarado si el Ministerio permitirá o no que los tractores entren en el centro de Madrid, pero ha recordado que "en un Estado de derecho se cumple la legalidad".
En este sentido, ha recordado que los agricultores tienen "todo el derecho" a manifestarse, pero "el resto de la sociedad tiene también el derecho a vivir tranquilamente y a tener los servicios públicos garantizados" y, por lo tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan y actuarán de manera "mesurada". En cambio, ha advertido que cuando se ejerce la "violencia y la extorsión" se deja sin justificación el derecho a la protesta. Ha puesto como ejemplo acciones como el acoso en la casa de la presidenta de Navarra, Maria Chivite. Según Marlaska, estas acciones son "ilegítimas", y "desvirtúan la legitimidad" de las manifestaciones. "Dar el paso a interferir en la vida privada de cualquier persona está al margen del ejercicio democrático de los derechos".