El porcentaje de oferta en catalán de las plataformas audiovisuales es ínfimo. Y la nueva ley del audiovisual que prepara el estado español no prevé corregirlo, al contrario. Ante esta constatación, el Govern de la Generalitat ha decidido abrir un nuevo frente de batalla con la Moncloa, y llevará esta cuestión a la próxima reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que se tiene que reunir el próximo 2 de agosto. "Plantaremos cara. Es una línea roja", ha señalado la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

En el año 2018, Europa marcó una directiva para equilibrar la regulación a la que están sometidos los medios tradicionales y los nuevos servicios como Netflix, HBO, Amazon o Filmin, que hasta ahora operaban fuera de control. Se daban dos años a los estados miembros para adaptar la directiva y convertirla en ley. Ya fuera de plazo, España ultima su propia norma, un texto que ha encendido las alarmas en el Palau de la Generalitat. El ejecutivo de Pere Aragonès ve una doble amenaza. Una, al catalán, la otra a las propias competencias exclusivas de la Generalitat.

Amenaza "letal" al catalán

Sólo el 0,5% de los contenidos de Netflix están en lengua catalana, en el catálogo de HBO sólo un 0,1% de la oferta es en catalán, en Dinsey+ el 0,8% y el 1,3% en Amazon Prime. Filmin es quien dispone de más opciones, el 18,9%. Son los datos que en nombre de ERC ha hecho públicos la diputada Raquel Sans en el Parlament para contextualizar la situación.

Como que, visto el anteproyecto presentado, la Moncloa no tiene intención de solucionarlo, el Govern de la Generalitat ha presentado alegaciones para blindar el catalán. "Esta ley puede marcar un antes y un después para el catalán. Nos lo jugamos todo en los próximos años. Si la adaptación de la directiva no contempla el catalán, puede ser absolutamente letal", ha advertido la consellera Vilagrà. De momento, las correcciones que Catalunya propuso en diciembre han sido ignoradas. Es por ello que este julio se han vuelto a presentar, y el Govern las llevará a la reunión bilateral con el Estado, donde también se abordarán traspasos y deudas pendientes —como el puerto y el aeropuerto o los impagos históricos de las becas universitarias.

​El resto de países de la UE han optado por regular fomentando la discriminación positiva para proteger la producción propia. Así, por ejemplo, Francia obliga a las plataformas a un 20-25% de producción local e Italia y Polonia en torno al 20%. En cambio, España rebaja este porcentaje a un 5% y no tiene en cuenta las lenguas cooficiales. El articulado dice que de la oferta de producciones europeas que se deben incluir, la mitad tienen que ser en castellano o en otra lengua oficial de las comunidades autónomas. Es esta o, que inquieta al Govern catalán, porque lo deja a criterio de Netflix y compañía, en vez de plantear una cuota lingüística obligada y específica.

Marginar el CAC

Además de esta cuota en catalán, la otra exigencia de la Generalitat es que se detenga la invasión competencial que denuncian que pretende hacer el Gobierno. "Conculcan competencias exclusivas de la Generalitat", critica Vilagrà, concretamente las que ejerce el Consejo del Audiovisual de Catalunya. La ley estatal prevé que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien tenga el control único sobre las plataformas de vídeo, dejando en el margen el CAC.

Aparte, la norma sólo fija que las compañías audiovisuales tengan que destinar parte de sus ingresos brutos a financiar RTVE. Un hecho inaceptable para el Govern catalán, que quiere que se incluya una disposición para financiar también TV3 y Catalunya Ràdio.

En la imagen principal, el catálogo de Netflix. / Unsplash