El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, y la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, han coincidido en reivindicar que hay que cambiar el sistema de formación y selección de los jueces en el Estado español, que no ha variado desde la democracia: hay que desterrar el modelo memorístico exclusivo actual por una mayor formación racional y más integrada, con otros ámbitos; que el juez, además de jurista, sea realmente garante de los derechos fundamentales, y "aterrizar a la realidad", en palabras de Giménez-Salinas. Los dos juristas han intervenido en la jornada El acceso a la judicatura. Previsiones normativas y posibilidades de reforma, que ha organizado el Centro de Estudios Jurídicos (CEJFE), este viernes.
La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha inaugurado la jornada y ha abogado por una mayor coordinación entre la academia y la judicatura "para formar servidores públicos de primer nivel", en un momento actual conflictivo, en que se denuncia que hay lawfare en la judicatura española y con la última polémica sobre el juez que ha aceptado la querella contra la mujer del presidente Pedro Sánchez, solo basada en recortes de prensa.
Políticos contentos con el sistema
"España no tiene conciencia del problema que es la justicia opositora, hace falta más formación racional. Una preparación aislada genera personas antisociales", ha reivindicado el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez. Al ser preguntar por qué no se cambia el sistema, y sobre los peligros de politizar el actual modelo opositor, como el bloqueo de renovación del Consejo General del Poder General (CGPJ), el magistrado emérito ha estado claro: "El sistema sigue igual porque sale un tipo de juez que ya gusta a los partidos políticos. Saben lo que quieren", ha lanzado el juez y ha criticado que ante la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces "hay una apatía en la magistratura".
Por su parte, Giménez-Salinas ha explicado que "el sistema de pura memoria ya no se hace en ninguno de los países de Europa vecinos" de los cuales ha explicado sus modelos, basados en más experiencia y formación práctica. Y se ha preguntado: "¿Por qué cuesta tanto cambiar aquí?". Los dos expertos también han destacado que el lenguaje jurídico tiene que ser entendido por la ciudadanía, y que las facultades de Derecho tienen que mejorar su formación. La apuesta de los dos es reducir el tiempo de estudio para preparar la oposición a juez y realizar una formación de unos 4 años jurídica e integradora, además de mejorar la calidad de los formadores.
Juez inseguro, prepotente
En la jornada, el magistrado emérito del Supremo ha insistido que en el ejercicio de la judicatura, hace falta siempre una motivación jurídica, pero también fáctica, que echa de menos en la actualidad. E incluso, ha revelado que en el área de Disciplina del CGPJ se ven casos "de actitudes prepotentes preocupantes", que lo ha atribuido a "la inseguridad e inadecuación del saber" de algunos jueces.
La mayoría de los ponentes ha compartido que hay que mejorar el sistema de elección de los jueces, así como la formación en la escuela judicial, "aunque la mayoría de asociaciones judiciales y órganos no lo quieren", ha admitido Giménez-Salinas. La síndica ha confesado que cuando fue vocal en el CGPJ (del 1996-2001) impulsó un grupo de trabajo para la modernización del lenguaje jurídico, para ser entendido por todo el mundo, sin poder lograrlo.
El espionaje vuelve
Perfecto Andrés Ibánez tiene un extenso currículum y en Catalunya -asediada por el espionaje político- es de plena actualidad su participación en la sentencia del Tribunal Supremo que en el 2003 anuló las condenas a 3 años de prisión, dictadas por la Audiencia de Álava, contra los exdirectores del CESID (el actual CNI) Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón por las escuchas ilegales en la sede de HB en Vitoria, en 1998.
En aquella sentencia, Perfecto Andrés hizo un voto particular y aseguró que había que mantener la condena para los exdirectores y razonaba: "En virtud de un criterio de sentido común, concurren las mejores razones para entender que un plan de esta clase, tan rigurosamente fuera de la ley, y tan cargado de previsibles consecuencias jurídicas y políticas, no pudo llevarse a cabo al margen de la dirección". Al final, solo fue castigado un agente del CESID. Es una situación que ahora se discute en el caso del CNI y del espionaje al independentismo catalán con el software Pegasus.