El sólo sí es sí sigue avanzando en el Congreso de los Diputados sin que nadie pueda pararlo. Tampoco la campaña de la derecha y la extrema derecha españolas, que han intentado obstaculizar el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, de la ministra Irene Montero, con enmiendas a la totalidad. Se han debatido este jueves en la cámara baja, y no han prosperado. La norma, que sigue su trámite parlamentario, establece que sólo hay consentimiento sexual "cuando se haya manifestado libremente", como establece el Convenio de Estambul. Y también acaba con la distinción que establece el Código Penal entre abuso sexual y agresión sexual. Un cambio radical de paradigma después de casos como los de La Manada, que generaron gran protesta social. Ha costado, pero la norma ya empieza a ver la luz al final del túnel.

Así, el PP y Vox se han quedado solamente con sus enmiendas a la totalidad, que han sido rechazadas por la mayoría de grupos de la cámara.

En su defensa de la iniciativa, Irene Montero ha defendido que "esta ley es sólo el comienzo" de una política que "dote a las mujeres de plenos derechos". La ministra de Igualdad ha lamentado que, hoy por hoy, "nuestra legislación, ante una agresión sexual, cuestiona a la víctima y no al agresor". Por eso la dirigente morada ha asegurado que esta nueva norma representará "un cambio cultural de los derechos de las víctimas" y ha sostenido que "las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen este acuerdo".

Como era de esperar, la derecha y la extrema derecha han ido con todo. Por parte del PP, la diputada Marta González ha considerado el proyecto de ley un "despropósito" porque supuestamente ataca la presunción de inocencia, haciendo que los tribunales tengan "problemas en torno a la existencia o no de pruebas". Por su parte, Carla Toscano, de Vox, ha llegado a decir que la norma sólo persigue "criminalizar a los hombres", porque, por una sola mirada, cualquiera mujer supuestamente podría denunciar.

Las críticas del CGPJ

El informe del Consejo General del Poder Judicial, que se aprobó el pasado febrero, fue muy crítico. Con respecto al consentimiento sexual, el órgano de gobierno de los jueces desmontaba el concepto, asegurando que la definición que se hace "determina un aparente desplazamiento de la carga de prueba". De esta manera, según el informe, es la defensa la que tiene que probar la voluntad expresa de participar en el acto. "De esta manera, se estarían alterando de forma sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", aseguraba el documento.

Por otra parte, la ley de Irene Montero también acaba con la distinción de abuso sexual y agresión sexual, y todo pasa a ser agresión sexual. El CGPJ también hacía una enmienda a la totalidad. En primer lugar, argumentaba que "puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, porque para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias un medio más lesivo que otro de una intensidad menor". En segundo lugar, añadía, "se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad".

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio no altera ninguna de las dos cosas, que son sus ejes centrales.