El Parlament de Catalunya se dispone a aprobar una nueva ley de memoria democrática que prevé crear una comisión independiente para esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista que nunca llegaron a ser investigadas ni juzgadas. La norma, que dispone del consenso del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, está previsto que supere este jueves el trámite en comisión parlamentaria antes de someterse a la aprobación definitiva del pleno de la semana que viene.
Una de las principales novedades del texto es la creación de la Comisión Técnica de Memoria Democrática, un organismo temporal, independiente, académico y extrajudicial que trabajará a partir de testimonios, información y documentos para esclarecer las vulneraciones de derechos humanos durante la Guerra de España, entre 1936 y 1939, y la posterior dictadura. Su funcionamiento se inspira en las llamadas comisiones de la verdad, creadas en otros países después de periodos de conflicto o regímenes dictatoriales. El Govern dispondrá de seis meses para establecer su composición y funcionamiento, mientras que los trabajos de la comisión tendrán una duración de dos años. La ley también prevé constituir una comisión sobre la memoria del pueblo gitano en Catalunya, que deberá elaborar, en un plazo de 18 meses, un informe con propuestas de reparación para los casos de discriminación.
Un año para retirar el monumento franquista de Tortosa
La norma establece que la Generalitat deberá llevar a cabo, en el plazo de un año, todos los trámites y trabajos necesarios para culminar la retirada del monumento franquista de Tortosa, situado en el río Ebro. El texto incorpora otras medidas para preservar la memoria de la represión franquista. Una de las disposiciones adicionales, impulsada especialmente por Junts, insta el Govern a reclamar al Estado que la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, antigua sede de la Brigada Político-Social, se convierta en un centro de interpretación de la represión política y la tortura. Además, declara la prisión de mujeres de la Trinitat, también en Barcelona, como espacio de memoria democrática.
La ley también obliga a las administraciones públicas a retirar, en un plazo de dos años, las distinciones, medallas y honores institucionales concedidos a personas que dirigieron, participaron o apoyaron el golpe de estado franquista y la dictadura posterior. En el mismo periodo, deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar los símbolos franquistas que todavía se mantengan. Paralelamente, el Memorial Democràtic deberá elaborar un censo de monumentos, inscripciones y otros elementos que el franquismo retiró como instrumentos de represión.
Reparación para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer
El ámbito temporal de la ley comprende desde la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, hasta la constitución del primer Gobierno catalán surgido de las elecciones de 1980. En el caso de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, sin embargo, el periodo se alarga hasta 1985. La norma insta a la Generalitat a adoptar medidas de reparación para las mujeres que sufrieron represión por razones de género y trabajos forzados en el marco de este organismo.
La ley también establece un régimen sancionador para castigar las vulneraciones de sus disposiciones. Las infracciones muy graves, como causar daños a fosas, destruir espacios de memoria o hacer exaltación del franquismo en el caso de representantes públicos, podrán comportar multas de entre 10.001 y 150.000 euros. Para las infracciones graves, las sanciones irán de los 2.001 a los 10.000 euros. En esta categoría se incluyen el incumplimiento de resoluciones que obliguen a retirar símbolos franquistas, las expresiones ofensivas contra las víctimas del fascismo en intervenciones públicas y la exhibición de símbolos o las proclamas que enaltezcan el franquismo.
Una oficina para las víctimas y un banco de la memoria
La Generalitat deberá poner en marcha, en el plazo de un año, una oficina de información y asistencia para las víctimas y las personas represaliadas. La ley también prevé reconocer indemnizaciones a presos políticos e impulsar medidas de apoyo para las personas que vieron reducido injustamente su patrimonio durante el periodo que abarca la norma.
Otra de las medidas es la creación de un Banco de la Memoria Democrática que agrupará las bases de datos del Memorial Democràtic y de otras instituciones para que sean accesibles a la ciudadanía. Además, se deberá elaborar un censo de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. El texto también prevé restituir el municipio de Medinyà, en el Gironès, que las autoridades franquistas anexionaron a Sant Julià de Ramis. Finalmente, la ley establece la constitución, en el plazo de un año, de una comisión de trabajo sobre la memoria colonial. Este organismo dispondrá de 18 meses para elaborar un informe con propuestas de reparación para las personas que sufrieron represión y violencia en el protectorado español de Marruecos, en el Sáhara y en Guinea Ecuatorial.