Un anciano con demencia y síntomas compatibles con Covid fue trasladado múltiples veces a lo largo de dos meses de su residencia a varios centros sociosanitarios, confinado en habitaciones pequeñas, sin contacto con la familia. Es sólo un ejemplo de la avalancha de denuncias que el Síndic de Greuges ha tramitado durante el 2020. El año de la pandemia ha batido el récord histórico de quejas recibidas. Por primera vez se han superado las 11.000. Así lo indica el informe anual que en nombre de esta institución presentará este mediodía en el Parlament Rafael Ribó, al que ya ha tenido acceso ElNacional.cat

El acceso a la salud, las desigualdades en la educación, el sufrimiento de las personas mayores en las residencias, el empobrecimiento del trabajo y el emprendimiento y la emergencia de la vivienda son las carencias principales recogidas por el Síndic. El hecho de que la pandemia se haya colado por todos los poros de la sociedad ha hecho que el perfil de las personas que han solicitado ayuda sea mucho más variable. Ahora bien, como siempre, el volumen mayor de quejas se concentra en los colectivos más vulnerables. Al frente, las mujeres, que sufren una situación de desigualdad por el reparto desigual de las tareas de cura, ya sea de niños o de personas dependientes.

Como los peores años de la última crisis

El grueso de las actuaciones iniciadas se ha concentrado en materia de políticas sociales, que han representado el 40% de las intervenciones, cifras comparables a los peores años de la crisis de la pasada década, los años 2011 y 2012. Desde el año 2015, cuando empezó a estabilizarse la situación económica derivada de la crisis de 2008, el Síndic no había tenido tanto trabajo.

La pandemia y consecuente declaración del estado de alarma, con medidas de reducción de la movilidad y confinamiento, han representado la columna vertebral de las decenas de miles de intervenciones que ha tenido que hacer el Síndic. Concretamente destacan los retrasos en la atención sanitaria, tanto por el aplazamiento de operaciones como en el desbarajuste informativo a la hora de dar indicaciones a infectados y contactos estrechos, el drama en las residencias o las complicaciones económicas de trabajadores y autónomos que, en muchos casos, han provocado que las familias no puedan llegar a pagar el piso.

Durante la primera fase del estado de alarma, el Síndic trasladó a las instituciones la necesidad de mejoras a corto y medio plazo. Meses después constata que no se han llevado a cabo, razón por la cual crítica la gestión de las sucesivas olas.

La rutinaria restricción de derechos

Ante esta constatación, insiste en que hay que garantizar inmediatamente los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar una nueva crisis sanitaria. Y a medio plazo reclama un fortalecimiento presupuestario en materia de salud y bienestar que equipare Catalunya al porcentaje del PIB de los países del norte de Europa. Ribó exige, además, un plan estratégico de salud que incluya, como mínimo, inversión en infraestructuras necesarias, política de recursos humanos que favorezca la dedicación exclusiva del personal sanitario, programas de renovación de aparatos y de maquinaria de los centros de acuerdo con la innovación tecnológica, potenciación de la investigación, prevención y vigilancia epidemiológica, y fortalecimiento del ámbito de la salud pública. Además, el Síndic urge a revisar el modelo residencial, que ha quedado en entredicho a raíz de la crisis de la Covid.

Con respecto al derecho a la educación, destaca el impacto que la pandemia ha tenido en los niños y, en este sentido, destaca la necesidad de garantizar que el curso 2020/2021 sea presencial, a pesar de los retos que pueda implicar.

La conclusión, pues, es que "en el marco de los sucesivos estados de alarma se han restringido derechos y libertades fundamentales, como el derecho de reunión o la libertad de movimientos, con el legítimo objetivo de proteger la salud pública". Es por eso que el Síndic advierte que "hay que ser muy cuidadoso y vigilar con celo estas limitaciones de derechos, que tienen que ponderar con todo el rigor los derechos en juego con la necesidad de las medidas de restricción."