La Mesa del Parlament se ha comprometido este martes a trabajar para eliminar al régimen especial que permite a los funcionarios de la Cámara catalana seguir cobrando a pesar de no trabajar, conocido como la "licencia de edad", y ha acordado encontrar un nuevo acuerdo con los trabajadores de la Cámara, después de que el diario Ara difundiera que la Cámara catalana paga anualmente 1,7 millones de euros a 21 funcionarios que no trabajan y tienen más de 60 años. Antes de que estallara esta polémica mediática, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya había empezado a actuar para revertir una situación que situó como "contraproducente", siendo la primera presidenta de la Cámara que abordaba esta cuestión desde que entró en vigor el año 2008.
La reforma de esta cuestión impulsada por Borràs se tradujo al reducir de cinco en tres los años en que los funcionarios pueden cobrar el sueldo sin trabajar, una medida que se aprobó por unanimidad en la Mesa del pasado 21 de diciembre. Entonces nadie dijo nada, pero con el estallido de la polémica los grupos se han empezado a desdecir del acuerdo de antes de Navidad, y es así como han acordado en la Mesa de este martes trabajar para buscar un nuevo pacto que impida que haya trabajadores que cobren sin ir a trabajar los últimos años antes de jubilarse. Según fuentes de la Cámara catalana hoy se ha llegado a este acuerdo. Pero eso no significa que la solución llegue de forma automática, sino que es más bien una declaración de intenciones que ahora se tendrá que materializar negociando con los trabajadores.
Acuerdo el 2022
Por qué es así? La Mesa no puede decidir por sí sola acabar con la figura de la licencia por edad, puesto que se trata de un acuerdo con el Consejo de Personal, que son los representantes de los trabajadores de la Cámara. El objetivo es llegar a un acuerdo este 2022 y habrá que ver qué pasa con los casos de personas que hayan hecho la petición para adherirse pero todavía no están cobrando. Es por este motivo que la Mesa ha encargado un informe a la secretaría general y al letrado mayor para analizar si hay la posibilidad de parar los casos en trámite: lo primero que se quiere saber es cuántas personas lo han pedido, cuántas están pendientes que el Parlament los responda y cuántas tienen el visto bueno pero todavía no se los ha ejecutado la medida. El pensamiento general es que no se podrá hacer nada para parar los casos de la veintena de funcionarios que ahora están cobrando sin trabajar porque se trata del que se denomina derechos adquiridos. Así pues, está casi descartado que el nuevo acuerdo tenga efectos retroactivos.
Por otro lado, la Mesa ha decidido que la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp, lleve la semana que viene una propuesta sobre como mejorar el actual órgano interno de transparencia. Precisamente, a raíz de las tensiones por la información han dimitido los tres miembros de este órgano de transparencia, entre ellos el ex letrado mayor Antoni Bayona. Se tienen que relevar estos tres miembros pero hoy la Mesa todavía no ha abordado su sustitución.
Trabajar por no hacer nada
Hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, entre ellos, dos exsecretarios generales que cobran más de 10.000 euros en el mes. Los que cobran menos y que están en esta misma situación son los ujieres auxiliares, que cobran 3.800 euros mensuales. En total, se han pagado anualmente 1,7 millones de euros a funcionarios que no estaban trabajando en la cámara.
Las personas que se podían acoger a este régimen eran las que hacía 15 años que trabajaban en el Parlament y pueden seguir con esta situación hasta la jubilación. Eso llevaba al hecho de que había puestos de trabajo sin nadie que los cubriera, pero tampoco se podía contratar a nadie nuevo, ya que la peculiaridad de este permiso no lo permitía.
La posición de Borràs
En una entrevista después de conocerse la noticia, la presidenta del Parlament Laura Borràs dejó clara su oposición a figura laboral de las licencias de edad y declaró: "Las personas tienen que hacer trabajo hasta que se jubilan, y a partir de aquí se tiene que renovar la plantilla de forma racional". Estos permisos estaban en marcha desde el 2008 y en todos estos años no se habían modificado. Ante este hecho, Borràs subrayó que no se podía "responsabilizar" de lo que pasaba antes, sólo de lo que pasa ahora, bajo su presidencia.
Después de que toda esta información haya trascendido, el presidente Pere Aragonès aseguró que "en el ámbito de la administración de la Generalitat no hay casos" como los de la veintena de funcionarios del Parlament: "De la situación que hoy se ha conocido, quien tiene que tomar las decisiones es el Parlament, la Mesa y la presidencia del Parlament", defendió. Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró que el partido no era conocedor de estas irregularidades.