La Guardia Civil busca lo que sea, y como sea, cualquier cosa que le permita relacionar empresarios catalanes con la financiación del procés.
Así es como, siguiendo el hilo de unos presuntos desvíos de fondos públicos entre la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, ha destapado un supuesto caso de prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Complex Vila Bugatti.
Se da el caso de que entre los socios de la finca recalificada está Xavier Vendrell, uno de los detenidos esta mañana y que también formaba parte del estado mayor, y que durante el tripartito fue conseller de Governació y secretario de organización de ERC entre 1996 y 2006. Y aquí es donde aprovecha la Guardia Civil para meterlo todo en el mismo saco e intentar vincular una operación urbanística con un presunto caso de corrupción de desvíos de fondos públicos para el procés, que además podría tener conexiones con Tsunami Democràtic. Sin descartar, además, las relaciones que tienen todos los detenidos con el president Carles Puigdemont.
Un lote que la Guardia Civil tendrá que demostrar y que lo investiga el juez de instrucción 1 de Barcelona, que tenía esta pieza secreta y hoy la ha destapado con un macrodispositivo que ha acabado con 21 detenidos y 31 registros.
Además de la recalificación, la Guardia Civil dice que constató adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados, irregularidades por parte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en la concesión del concierto del colegio y la modificación irregular del terreno de rústico a urbanizable, mediante la recalificación municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrera de Mar, según dice la Guardia Civil en sus informes. Y por eso hoy parte del dispositivo se ha desplegando en este municipio, donde también se ha detenido al alcalde, Jordi Mir.
En esta causa se investigan diferentes vías de financiación con fondos públicos de actividades irregulares ajenas al destino legal que este dinero tendría por objeto. En el proceso de las treinta y una entradas y registros se ha intervenido gran cantidad de documentación, así como soportes informáticos y telefonía móvil para su estudio y análisis. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.