La Fiscalía estudia ya el recurso contra la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el ex secretario general César Puig y el ex director general de la policía, Pere Soler.

En una breve nota a los medios, el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Miguel Angel CArballo, el promotor de toda la acusación del procés|proceso independentista, dice que "una vez estudiada la sentencia" se valorará "si es oportuno o no presentar" el recurso.

Hasta ahora la Fiscalía ha recurrido todas las resoluciones judiciales relacionadas con el procés que le han ido a la contra.

Después de serle notificada la sentencia absolutoria, que considera que no hay "ningún elemento incriminatorio" que revele que los acusados fueron un "instrumento del procés|proceso independentista", el ministerio público estudiará "la oportunidad" de presentar un recurso de apelación delante de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, según informan fuentes fiscales.

Para hacerlo tiene un plazo de diez días y podría basarse en el voto particular de la presidenta del tribunal, la magistrada Concepción Espejel, que considera que Trapero y el exdirector de los Mossos Pere Soler tenían que haber sido condenados como coautores de un delito de sedición dado que contribuyeron al hecho de que se celebrara el referéndum, declarado ilegal.

A la recta final del juicio, la Fiscalía anunció su decisión de retirar la acusación por|para el delito de rebelión de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos del procés, y la rebajó en la de sedición con la alternativa de desobediencia, tanto para Trapero como para Soler y Puig.

Ahora bien, durante sus conclusiones aseguró que la actuación del mayor el 1-O lo situaba en "la órbita directa" de la comisión de delito de sedición, al mismo nivel que los condenados por el procés, y despreció por inverosímil su coartada que planeara detener al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Para la cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana, mantuvo su petición de 4 años por sedición con la alternativa de 30.000 euros de multa y un año de inhabilitación por desobediencia.