La presentación este mediodía de la ley que regulará la convocatoria del referéndum del 1 de octubre se ha convertido en un acto de soberanía de los grupos impulsores, JxSí y la CUP. El texto que han presentado los dos grupos en el auditorio del Parlament prevé que, en caso de la victoria del 'sí', habrá una reunión ordinaria del pleno de la Cámara en que se proclamará la independencia de Catalunya.
"Si hay una mayoría de votos positivos, obviamente e inmediatamente se tendrá que declarar la república catalana independiente, en los dos días subsiguientes al recuento tendremos que abrir el proceso constituyente para la creación de la república catalana independiente", ha explicado la cupaire Gabriela Serra.
La diputada se refería así al artículo 4.4 de la ley donde se afirma: "Si el recuento de votos válidamente emitidos da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica la independencia de Catalunya". El artículo del proyecto especifica que "el Parlament de Catalunya dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".
En caso de que la victoria sea para el 'no' habrá unas nuevas elecciones autonómicas, según se ha encargado de concretar Gabriela Serra. "Lo primero que tendremos que hacer será tomar agua del Carmen, seguir luchando, y el president convocará unas nuevas elecciones autonómicas", ha ironizado.
Mientras los representantes de los dos grupos desgranaban la explicación del texto en el auditorio del Parlament, seguían el acto desde la primera fila, la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell; una parte del Gobierno, encabezada por el vicepresident, Oriol Junqueras, y los tres representantes de En Comú de los grupos de CSQP. Unas filas más atrás se encontraba el diputado no adscrito Germà Gordó.
No es intocable
El primero a tomar la palabra en el acto ha sido el presidente de JxSí, Jordi Turull, que ha anunciado que abordan la ley más importante que se aprobará en este Parlament y ha dejado claro que no se trata de un texto "intocable" sino que se abre a posibles mejoras. Acto seguido el cupaire Joan Garriga ha presentado el proyecto como un "acto de compromiso político con la libertad y ejercicio del derecho a decidirlo todo".
El también diputado de la CUP Benet Salellas ha dado un repaso en el apoyo de la ley en el derecho internacional, con especial cita de la Corte Internacional de Justicia, que avala la importancia de no utilizar la fuerza y haber abordado intentos de negociación, y la Corte Suprema de Canadá. "Esta es una ley de mínimos, no hace ninguna propuesta extraordinaria", ha destacado.
Acto seguido, el vicepresidente primero del Parlament, Lluís Corominas, se ha encargado de presentar los rasgos principales de la ley junto con el republicano Jordi Orobitg. El carácter vinculante de la ley, la creación de la sindicatura, la proclamación de Catalunya como "sujeto político soberano" que ejerce su derecho a decidir...
La ley que convoca a los ciudadanos a participar en el referéndum sobre el futuro político de Catalunya tiene prevalencia jerárquica, según sus responsables, sobre el resto de normas y amparo las personas que participen en el proceso, no contempla la participación de voluntarios que sí anunció el Gobierno, establece la normativa por la que se regulan las papeletas, el reparto de espacios publicitarios, la presencia de observadores internacionales y la obligatoriedad de participar en las mesas electorales cuyos miembros se designarán por sorteo.
Al concluir el acto, Rovira ha subrayado que se trata de una ley que recoge la "respuesta del pueblo de Catalunya" a la ruptura del pacto de la Constitución del 78 que representó la sentencia del TC sobre el Estatuto, y la respuesta ante la negativa que han recibido los esfuerzos políticos y sociales a negociar con el Estado. "No existe ningún orden, ni costumbre ni norma en el derecho internacional que impida el ejercicio del derecho a la autodeterminación y nosotros lo respetaremos", ha subrayado Rovira, que ha insistido en que también el Estado español ha firmado tratados que avalan este derecho y, por lo tanto, lo ha incorporado a su ordenamiento jurídico.