El Parlament ha aprobado este viernes al mediodía la Ley del Código Tributario, la norma que tiene que dar cobertura a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), con los votos a favor de JxSí y la CUP. El resto de grupos parlamentarios, Cs, PSC, CSQP y PPC han votado en contra. La ley —que dibuja la arquitectura tributaria que incluye la ATC, y es la primera de las tres llamadas leyes de desconexión— tiene un texto un poco diferente del que se aprobó en la comisión de Economía y Hacienda, ya que se ha decidido eliminar el artículo y las tres disposiciones que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) dictaminó que eran inconstitucionales.

Durante el debate, la relatora de la ponencia de la ley, Maria Senserrich (JxSí), ha celebrado que con la aprobación de la norma se pongan "los cimientos de una estructura de Estado" y que se den "los nombres y apellidos de la administración tributaria, para que el sistema fiscal funcione bien". Además, la diputada del grupo parlamentario mayoritario ha sentenciado que "los que gestionan nuestro dinero son los que pagan la policía política y envían aviones para buscar pruebas falsas", en relación a las llamadas operación Catalunya y cloacas del Estado. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha reclamado un "banco público central" para cuando Catalunya sea una república, y ha exigido un debate "absolutamente necesario" sobre un nuevo modelo fiscal, que ha defendido que sea con "alma redistributiva real, con escala progresiva, directo y justo".

A su vez, el diputado de Cs Antonio Espinosa se ha dirigido a JxSí y la CUP para dejar claro que no cuenten con su grupo para crear una "agencia secesionista" descoordinada de la Agencia Tributaria española y europea. Además, el dirigente del principal partido de la oposición ha concluido su intervención deseando que los independentistas se relajen durante las vacaciones, y que "aparquen las prisas, que no son buenas, sobre todo si son para ir a ningún sitio". Por otra parte, la diputada del PSC Alícia Romero ha reprochado que JxSí y la CUP hayan confundido la ley con un "discurso político", aunque ha admitido que seguramente hacía falta una nueva ley tributaria.

En su turno, la diputada de CSQP Àngels Martínez ha lamentado que la nueva Ley del Código Tributario no consiga que quien más dinero posea tenga que pagar más impuestos. "La soberanía no reside en los discursos, sino que se tiene que sustentar cada día en la materia tributaria", ha añadido la miembro de Podem.

La primera de las tres grandes leyes de desconexión

El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ya argumentó que estos elementos que el CGE veía inconstitucionales eran "absolutamente secundarios y que no forman parte del núcleo duro" de la ley. Salvadó también apuntó que la Ley del Código Tributario es una norma de "mucha complejidad", con más de 200 artículos, y que aborda el diseños de los organismos que forman parte de la arquitectura institucional de la futura Hacienda catalana. La normativa mujer cobertura en la nueva Agencia Tributaria de Catalunya, incluyendo y modificando la que se aprobó en el 2007.

De la misma manera, crea un Consejo Fiscal que asesorará a la Generalitat en materia tributaria y que estaría compuesto por miembros nombrados por el Govern, por los entes locales, por las asociaciones y colegios de asesores fiscales y por académicos de reconocido prestigio en la materia. Por último, la ley también incluye la creación del Instituto de Investigación y de la Fiscalidad y de Estudios Tributarios.

El texto se centra en la regulación general y los principios rectores de las entidades fiscales de Catalunya. La Ley del Código Tributario ha sido considerada una de las tres grandes leyes de desconexión dentro del proceso soberanista. Las otras dos son la del proceso constituyente y de la seguridad social catalana.

Dictamen del CGE

El CGE consideró, el 21 de julio, que un artículo y tres disposiciones adicionales de la proposición de Ley del Código Tributario de Catalunya vulneraban la Constitución. El dictamen apuntaba que el artículo que hace referencia a las fuentes del derecho tributario tendría que citar la Constitución y, en cambio, solo hace referencia al "bloque de constitucionalidad". Por otra parte, el dictamen pedido por PSC y CSQP también concluye que las convocatorias para acceder al ATC no respetan el principio de igualdad porque están restringidas a personal que ahora trabaja en la Generalitat y tiene experiencia en las funciones de las nuevas plazas.