El estropicio entre PDeCat y Junts per Catalunya ha acabado en los tribunales por los derechos de la formación política. Más allá de la marca, del nombre, están el capital político, los derechos electorales, la militancia y la legitimidad de la formación.
¿De quién es Junts per Catalunya?
La marca electoral surgió del PDeCat, pero el verano pasado una escisión interna hizo que los herederos de CIU que habían puesto en marcha la renovación política se quedaran sin el nombre y con una nueva junta ajena a los dirigentes del Partido Demócrata. Por eso el caso ha acabado en los tribunales y el juicio tendrá lugar el 7 de octubre. Hoy se ha hecho la vista preliminar. "Ningún acuerdo", han respondido los abogados de Junts per Catalunya cuando la jueza ha hecho la pregunta de rigor por si se había llegado a algún pacto y no había que ir a juicio.
Las dos partes están enfrentadas y con todo el capital de JxCat dividido. Si el equipo de Carles Puigdemont y Laura Borràs pudo presentarse a las elecciones del 14-F con la marca Junts per Catalunya, el PDeCAT lo hizo utilizando todos los derechos electorales de publicidad y también de subvenciones.
En septiembre ya se hizo la vista para las medidas cautelares. El PDeCat pidió que Borràs y Puigdemont no pudieran utilizar el nombre, pero la jueza no se pronunció a favor del PDeCat y ahora la legitimidad sobre Junts per Catalunya todavía es más confusa. Los abogados de Junts per Catalunya acusaron al Partido Demócrata de querer vulnerar el derecho a la participación política. Con la demanda, "Junts queda totalmente bloqueado", dijo el abogado refiriéndose directamente a las elecciones que finalmente se celebraron el 14-F. "Junts per Catalunya tiene la intención de presentarse a las próximas elecciones", dijo el letrado remarcando que la formación liderada por Carles Puigdemont tenía en aquel momento 4.000 afiliados.
La asamblea del 27 de junio
Todo deriva de una asamblea del 27 de junio del 2020, cuando se cambiaron todos los cargos de la junta de Junts per Catalunya. Una junta que era más simbólica que nada, porque hasta aquel momento toda la gestión de la formación colgaba del PDeCat. Junts per Catalunya era un nombre, una marca con la cual se presentaban a las elecciones y poca cosa más. Una marca, eso sí, propiedad del PDeCat.
Con la reunión de junio del 2020 y el cambio de junta, el PDeCat pierde el control. Ahora el juicio se basa en si aquella asamblea se hizo conforme a derecho o fue un tejemaneje para robar la marca.
Según la abogada del PDeCat, la asamblea no se convocó, no se llega ni siquiera a celebrar ni personalmente ni telemáticamente, no se emitieron los votos, no se permitió la presentación de candidatos, no se contó con un sistema fehaciente de recuento de votos y los cambios en la junta no se publicaron en la web de Junts per Catalunya. Según la letrada, la nueva junta "no tiene amparo estatutario".
Entre la argumentación de la defensa del PDeCat ha habido una afectación en la contabilidad del partido, en el capital político y una confusión en la ciudadanía sobre el origen de Junts per Catalunya. "La confusión ha acabado afectando a las elecciones del 14-F", ha dicho la abogada.
Junts per Catalunya dice que el hecho de que ahora se les quiera retirar de la circulación y hacerles funcionar bajo el paraguas del PDeCat es un fraude de ley. Es "un partido intentando entrar en otro partido", han dicho sus abogados durante la vista. Según JxCat, el juicio tendrá que valorar si ha habido perjuicio político y económico y si realmente se hizo la asamblea o no. Como ejemplo remarcan que ningún militante de Junts ha impugnado la asamblea.
Los abogados de Junts per Catalunya han recordado que todos los derechos electorales de JxCat para las elecciones del 14 de febrero fueron a parar al PDeCat.