Una jueza de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación ultra Hazte Oír contra la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber firmado en octubre de 2022 la instrucción que desarrolla la ley de memoria democrática, más conocida por la ley de nietos, del mismo año, según han informado las agencias este miércoles. En una resolución, la titular del juzgado de Instrucción 35 de Madrid afirma que los hechos recogidos en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa". En la querella, Hazte Oír denuncia que Sofía Puente dictó una instrucción que "desbordó" el alcance de la ley de nietos después de que la querellada se comprometiera "a la aplicación estricta de la ley". La Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la querella alegando que ya hubo una anterior contra Sofía Puente en 2022 que fue finalmente archivada. Esta primera querella fue interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica ante el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y, según recuerda la Fiscalía, se presentó por hechos coincidentes.
En concreto, la instrucción expresa que se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y que, en estos supuestos, deberá acreditarse la salida del territorio español mediante documentos. Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, deberá acreditarse la condición de exiliado, añade. La instrucción firmada por Puente indica a consulados y registros civiles que los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955 no requerían documentación adicional para demostrar la persecución política. Precisamente, el Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra las resoluciones del Tribunal Supremo, que a petición del PP y VOX ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos, y que en las elecciones del 29N afectará a unas 160.000 personas.
Contra la ultraderecha
La entidad de ultraderecha asegura que Sofía Puente hizo la instrucción "a espaldas" de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, "de quien dependía jerárquicamente". Este hecho habría motivado, de acuerdo con la querella, la promoción de Puente a la Secretaría General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia cuando Félix Bolaños asumió la cartera de Justicia con Presidencia.
Precisamente, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han "lamentado la utilización de las instituciones que hacen las asociaciones de ultraderecha para perseguir política, social y judicialmente a cargos públicos". Se recuerda que es una querella "idéntica" a otra que ya fue rechazada en junio de 2024 con un sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones. Por lo tanto, desde el Gobierno del PSOE se afirma que "es evidente que el verdadero objetivo de la ultraderecha con este tipo de actuaciones injustas es minar la confianza en nuestro sistema, recortar masivamente derechos constitucionales e intimidar a las personas comprometidas con valores progresistas y democráticos".
En la resolución, la jueza de Madrid añade que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable". Además, da traslado a Hazte Oír del informe de la Fiscalía y de la resolución negativa del juzgado de instrucción 21 para que alegue en un plazo de diez días lo que considere antes de resolver sobre la práctica de las diligencias pertinentes. También le exige una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación como parte querellante. En la misma resolución, la jueza rechaza la personación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica "al no haberla solicitado en legal forma".
En la foto principal, Sofía Puente al lado del ministro Bolaños. / Foto: Alberto Ortega / Europa Press