La asociación de juristas catalanes por el derecho a decidir, Col·lectiu Praga, ha impulsado una denuncia internacional para llevar ante los Relatores de las Naciones Unidas violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la jornada de celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Desde la asociación, se quiere recoger todo el apoyo posible por parte de otros juristas, licenciados o graduados en Derecho, a quien se invita a firmar y sumarse a la petición.

El objetivo es poner de manifiesto estos hechos delante de los "diferentes mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos". En este caso, los Relatores de la ONU a quien se hará la denuncia se dedican a investigar casos de violaciones de derechos humanos por todo el mundo. También recogen quejas de víctimas de estas vulneraciones y, en el caso de valorarlas como legítimas, se hace un llamamiento al gobierno responsable.

Los juristas aseguran que estas violaciones han supuesto "una importante quiebra del sistema democrático y de derecho del Estado español". Por eso, piden que se inicio una investigación independiente a nivel internacional sobre los hechos del 1-O y la reacción del gobierno español y las fuerzas de seguridad del Estado.

En el documento de la denuncia, los juristas enumeran todos los derechos humanos que creen que fueron vulnerados y lo acompañan de ejemplos de actuaciones del gobierno español antes, durante y después del referéndum que afianzan las acusaciones.

La violencia policial

En primer lugar, destacan una "escalada de vulneraciones" de los derechos de libre expresión, de reunión y de manifestación "por parte de los poderes públicos" desde la convocatoria del referéndum. Recuerdan hechos como las confiscación de carteles y pancartas, las entradas de la Guardia Civil en redacciones de medios de comunicación -entre ellos El Nacional-, el cierre de páginas web, las cargas policiales y el cierre de colegios electorales o la ofensiva judicial posterior.

También se denuncia una vulneración del derecho a la integridad física, infringido -defienden- por el despliegue en Catalunya de más de 12.000 policías para evitar la celebración del referéndum, aunque es la Generalitat quien tiene competencias en el mantenimiento del orden público. Ponen especial énfasis en los más de mil heridos que provocó el uso de "violencia indiscriminada con balas de goma, gases lacrimógenos y cargas violentas" por parte de la policía contra "personas que pacíficamente querían ejercer su derecho al voto".

El 155 y la ofensiva judicial

La violencia policial también se señala como un impedimento para ejercer el derecho de participación política con una pérdida de 770.000 votos, según el informe. Este derecho también se vería vulnerado con la disolución forzada del Parlamento como medida de la aplicación del artículo 155.

El último derecho reclamado es el que hace referencia a la libertad y al juez imparcial. "Se han detectado posibles actuaciones arbitrarias por parte de algunos jueces y de la Fiscalía", alertan a los juristas. Aquí se incluyen las actuaciones de la Audiencia Nacional y del juzgado número 13 de Barcelona, quien encargó los registros y las detenciones del día 20 de septiembre.

Aseguran que, con estos procesos, "se ha intimidado, perseguido, detenido y encarcelado a personas por el simple hecho de ser sospechosos de dar apoyo al referéndum o la independencia de Catalunya". Las víctimas de esta persecución, detallan, son particulares, activistas "que ejercían sus derechos" y políticos "amparados, en algunos casos, por la prerrogativa de la inviolabilidad".