Un total de 530 juristas se han adherido en solo cuatro días a la denuncia internacional promovida por el Col·lectiu Praga para llevar ante los Relatores de las Naciones Unidas violaciones de derechos humanos cometidas durante la jornada de celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. La entidad de juristas catalanes lo ha anunciado este martes y ha adelantado que la presentará "en breve" ante varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
El contenido de la denuncia se hizo público el pasado viernes y, desde entonces, se ha hecho un llamamiento a juristas, licenciados o graduados en Derecho a dar apoyo y sumarse a la petición. En el texto se exige una "investigación independiente y completa" a nivel internacional sobre los hechos del 1-O y la reacción del gobierno español y de las fuerzas de seguridad del Estado.
Hacen una especial referencia —con ejemplos concretos— a las violaciones de los derechos de libre expresión, de reunión y de manifestación, al derecho a la integridad física, al derecho de participación política, al derecho a la libertad y al derecho al juez imparcial.
Recuerdan hechos como la confiscación de carteles y pancartas, las entradas de la Guardia Civil en redacciones de medios de comunicación —entre ellos El Nacional—, el cierre de páginas web, las cargas policiales o la ofensiva judicial posterior. Los juristas también aseguran que estas violaciones han supuesto "una importante quiebra del sistema democrático y de derecho del estado español".