Junts per Catalunya quiere fortalecer el uso del catalán en la justicia. En una enmienda presentada al proyecto de ley orgánica del derecho de defensa, los juntaires abogan por proteger el derecho de utilizar el catalán (junto con el vasco y el gallego) en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Concretamente, quieren introducir un nuevo artículo en la norma que establezca que cualquier persona tiene “el derecho de utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas” en órganos judiciales que tengan “jurisdicción en todo el Estado”. Eso incluiría a los acusados, las defensas y los testigos y también afectaría a los juzgados centrales de instrucción, los juzgados centrales penales, los juzgados centrales contenciosos administrativos, los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria y el juzgado central de menores.

Durante el juicio del procés, por ejemplo, el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, impidió a los testigos hablar en catalán amparándose en la ley orgánica del Poder Judicial y no permitió que los acusados utilizaran el catalán porque no había auriculares para todo el mundo. Desde la Plataforma per la Lengua, explican que, en un juicio en la Audiencia Nacional, “las leyes no explicitan el derecho de hablar en catalán”, pero se puede “alegar que no nos expresamos bien en castellano y que nuestra mejor defensa requiere que hablemos en catalán”. Ahora lo que quiere Junts es legislar para introducir la garantía de esta ley en una norma aprobada en las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Esta propuesta es una de las modificaciones que la formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras quiere añadir a la futura ley del derecho de defensa, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Esta semana se han publicado las 146 enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios, entre las que hay cuatro de Junts y de ERC (dos y dos) referentes a los derechos lingüísticos y al uso del catalán en la justicia. A partir de aquí, en un calendario todavía sin fechas, estas enmiendas se estudiarán y se votarán primero en la ponencia y, posteriormente, en la comisión de Justicia y en el pleno. Por lo tanto, los partidos independentistas necesitarán el apoyo del PSOE y Sumar (junto a Bildu, PNV y Podemos) para incorporar estas demandas al texto final de la ley.

El derecho a tener traductores de catalán en la justicia

Por otra parte, Junts también quiere blindar el derecho de intérprete y traductor durante los juicios, sean donde sean. Reclaman que “si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa”, el jurado o tribunal tendrá que poner intérpretes o traductores a disposición de quien lo pida, sean las partes, sus representantes o los testigos. En su justificación, esgrimen que eso se tiene que aplicar al catalán, al vasco, al gallego y a “cualquier otra lengua sea o no oficial en el Estado”.

Una sentencia de la Audiencia Nacional de 2008 como principal arma

En los dos casos, los juntaires sustentan sus peticiones en una sentencia de la Audiencia Nacional de 2008 que, resolviendo un recurso de Jaume Roura y Enric Stern (condenados por quemar fotos del Rey en Girona), argumentó que, en un juicio penal y, especialmente, en el interrogatorio del acusado, había que “reconocer la facultad de optar por la lengua que considere más idónea para su mejor defensa”. El tribunal esgrimía que había que interpretar la ley orgánica del Poder Judicial “de acuerdo con los principios constitucionales de especial respeto y protección de las lenguas regionales” con la voluntad de garantizar el “derecho de defensa personal”. Asimismo, recordaba que el derecho a defenderse “en la lengua materna personalmente en todo momento y lugar” había estado “reconocido por la doctrina constitucional”.

Asimismo, sostenía que la asistencia de intérprete es una “expresión del derecho a un proceso justo” porque hace “factible” el diálogo entre la parte, las otras partes y el juez. La sentencia también aludía al derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. “El Tribunal está obligado a facilitar la traducción de lo que declara el acusado en una lengua diferente de la oficial (sea propia de una comunidad autónoma o extranjera) para dotar de eficacia directa los derechos fundamentales sin necesidad de ninguna ley que lo autorice expresamente”, esgrimía. Ahora se pretende aprobar una ley que lo refuerce.

ERC quiere blindar el uso del catalán en los juicios

Por su parte, Esquerra Republicana también ha presentado enmiendas al mismo proyecto de ley. El artículo 10 de la norma ya garantiza el derecho de utilizar “las lenguas oficiales en el territorio de una comunidad autónoma ante los tribunales y en las relaciones con la Administración de Justicia”. Sin embargo, los republicanos quieren darle una vuelta más: apuestan por añadir una mención a los estatutos de autonomía como “garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos” y para “evitar eventuales vulneraciones del derecho de opción lingüística”. Además, quieren incorporar el derecho a recibir “todas las comunicaciones orales y escritas, incluidas las producidas durante los actos, comparecencias y vistas judiciales” en catalán, vasco y gallego.