Junts y el PPC han pedido este miércoles al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que se pronuncie sobre la proposición de ley que permitiría limitar la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas. La presentación de las dos solicitudes de dictamen ha obligado a aplazar el debate final de la iniciativa, que estaba previsto durante el pleno del Parlament.
La propuesta, impulsada por los Comuns, plantea una modificación de la Ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan restringir determinadas operaciones de compraventa mediante el planeamiento urbanístico. La medida busca que las viviendas solo se puedan adquirir para destinarlas a residencia habitual, al uso de un familiar o al alquiler habitual, respetando los límites de precio vigentes. El texto también amplía el régimen sancionador y considera infracciones muy graves tanto el incumplimiento de las restricciones como la simulación de negocios jurídicos para esquivarlas.
Dudas sobre el derecho a la propiedad
Junts y el PPC sostienen que la reforma podría vulnerar el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la Constitución. Junts considera que la proposición y las enmiendas del PSC-Units, ERC, los Comuns y la CUP "restringen la facultad esencial del derecho de propiedad". El PPC, por su parte, defiende que "no es admisible" que las limitaciones previstas "entren dentro de la función social de la propiedad".
Los dos grupos también coinciden en advertir que el texto "genera inseguridad jurídica". Junts señala que la propuesta "contiene una regulación fundamentada en conceptos jurídicos indeterminados", "tiene una contradicción interna que pone en duda su viabilidad" y "establece un régimen de incumplimientos sin concretar las reglas de imputación de las responsabilidades".
Las peticiones de dictamen también cuestionan que la norma respete la libertad de empresa y la libre circulación y establecimiento de personas, bienes y servicios. Según Junts, limitar las compraventas a las viviendas que se destinen a primera residencia del comprador o de un futuro inquilino "restringe las libertades individuales y colectivas" de la ciudadanía.
El PPC pone el foco en la obligación de destinar al alquiler los pisos de un edificio residencial comprado íntegramente. A juicio de los populares, esto "comporta una restricción a la libre actividad de aquellas empresas que, entre su objeto social, tienen la gestión de activos inmobiliarios o la adquisición y rehabilitación de inmuebles para su posterior venta".
Críticas al procedimiento y a las competencias
Junts también critica que la proposición se tramite por lectura única, una fórmula que considera utilizada "improcedentemente". El grupo cree que la reforma podría afectar el principio de autonomía local, mientras que el PPC sostiene que las restricciones podrían vulnerar la igualdad entre ciudadanos e invadir competencias estatales en materia de planificación económica. Otra de las principales objeciones es la vía legislativa escogida. Junts y el PPC consideran que, a pesar de presentarse como una modificación urbanística, la propuesta acaba regulando cuestiones vinculadas a los contratos y, por lo tanto, al derecho civil.
Fuentes parlamentarias del PPC citadas por la ACN argumentan que las competencias de la Generalitat en urbanismo no permiten "modificar las bases contractuales", que consideran un elemento "propio del derecho civil". Los populares añaden que las competencias catalanas en este ámbito tampoco permitirían regular aspectos esenciales de los contratos.
Junts califica de "improcedente y falto de competencia" que la Generalitat aborde una cuestión civil mediante una norma administrativa. "Aunque formalmente se modifica una ley urbanística, el verdadero objeto de regulación es estrictamente materia civil contractual", concluye el grupo.