La cuestión del padrón es una de las carpetas que Junts per Catalunya ha puesto a debate en la política catalana. El partido de Puigdemont ya hizo público su posicionamiento de hacer cambios legales en esta materia, como por ejemplo prohibir los empadronamientos a los okupas y que la Generalitat se haga cargo de los más vulnerables. Ahora, los juntaires han rechazado sumarse al Pacto por el Padrón de Catalunya, que está impulsado por la Xarxa d'Entitats del Padró y cuenta con el apoyo de unas ochenta de entidades del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y colegios profesionales, que se han añadido a las 14 entidades impulsoras de la iniciativa. En una carta firmada por el secretario general del partido, Jordi Turull, y la secretaria de organización, Judith Toronjo, Junts per Catalunya agradece su invitación a formar parte del pacto y se abre a negociarlo, pero se reafirman en sus demandas de exigir una financiación adecuada y suficiente para los municipios que tienen que asumir el empadronamiento y los servicios asociados.

Los juntaires también piden un plan de distribución territorial equilibrado que evite la concentración excesiva en determinados municipios, así como la participación activa de las entidades municipalistas (ACM y FMC) en cualquier acuerdo sobre esta materia. Desde Junts per Catalunya, además, se insiste en una revisión de leyes, protocolos y recursos necesarios para garantizar tanto los derechos como los deberes asociados al empadronamiento. La misiva enviada por Turull y Toronjo subraya que estos elementos tienen que formar parte del pacto, aunque los juntaires afirman que "no discuten ninguno de los derechos fundamentales que recoge el manifiesto".

Desde Junts per Catalunya consideran que este pacto "no aborda con profundidad cuestiones fundamentales" para una gestión del padrón que sea "coherente" con las herramientas y recursos que ahora mismo tiene Catalunya. "La realidad es que hay un problema grave de recursos, con ayuntamientos completamente colapsados que tienen que asumir responsabilidades cada vez mayores sin el apoyo financiero ni logístico adecuado para dar respuesta al crecimiento demográfico en sus municipios", denuncian en la misiva de Jordi Turull y Judith Toronjo. De hecho, subrayan que hace falta "reconocer y abordar los retos reales (ocupación, fraude en el empadronamiento) con honestidad y recursos, no solo con declaraciones de intenciones". Varios ayuntamientos juntaires, como Martorell, Figueres, Vic, Sant Cugat del Vallès o Calella, han apostado por "poner orden" y "cumplir la ley literalmente" en esta cuestión, así como no aceptar los empadronamientos a los okupas a menos que lo dictamine un juez. Cabe recordar que el padrón es la forma de acceder a los servicios públicos de un municipio. 

 

 

El manifiesto pide el acceso universal al padrón para todas las personas

El manifiesto que los juntaires han rechazado sumar-se destaca "la grave situación de exclusión residencial, el crecimiento de los discursos de odio y la criminalización de la pobreza como elementos que hacen necesario un pacto político amplio para garantizar la igualdad de derechos y que los vecinos de todos los municipios puedan ejercer su derecho y su obligación de empadronarse". El texto señala las "dificultades e impedimentos" de algunas personas para empadronarse y la arbitrariedad en la aplicación de la ley, que "comporta desigualdad territorial y supone una penalización para los ayuntamientos que trabajan asumiendo la protección y el respeto a los derechos de las personas".

Por todo eso, el manifiesto pide el acceso universal al padrón de todas las personas que viven al municipio, con independencia de la situación administrativa o residencial y con políticas de empadronamiento activo y vías para hacerlo de forma prioritaria. También reclaman transparencia e información pública para garantizar el conocimiento de los requisitos y las vías de acceso al padrón y la gestión del padrón municipal.