Junts está negociando con el PSOE el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ha empezado esta semana en el Congreso y ha planteado introducir una disposición adicional para que los vehículos extranjeros tengan que pagar por la utilización de las vías de alta capacidad, y que un 20% de los ingresos obtenidos se destinen al territorio afectado. El partido de Carles Puigdemont cree que esta ley tendría que contener algún avance en el cumplimiento de las directivas europeas sobre tarifación para el uso de las infraestructuras vviarias, aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que los españoles no pagarán peajes por el uso de autovías. La Ley de Movilidad Sostenible es una de las reformas comprometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, cosa que supone que España podría perder 10.000 millones de euros de fondo europeos si no sale adelante. Desde el grupo socialista se limitan a decir que están "negociando" y que todavía están "al inicio" de la ponencia, aunque el objetivo del Gobierno es que la ley entre en vigor este año, en cumplimiento de su compromiso con la Unión Europea (UE).
Propuesta a la espera del consenso político
Junts lo ha planteado en la ponencia del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha empezado a discutir esta semana las 750 enmiendas registradas por los diferentes grupos parlamentarios. El partido independentista propone incluir al texto una disposición adicional para que "mientras no se acuerda un sistema de cofinanciamiento de las carreteras de altas prestaciones, de acuerdo con el principio europeo de pago por uso, a la espera del consenso social y político, se introduzca un pago por uso por viñeta digital para vehículos extranjeros que transitan por las infraestructuras viarias de alta capacidad". En su enmienda, a la que ha tenido acceso EFE, Junts pide que los ingresos que se generen se distribuyan según la titularidad de la vía, de manera que se destine un 20% del total al territorio afectado, en concepto de emisiones de gases contaminantes y afectación al tráfico de sus habitantes. La enmienda de Junts recoge que "este peaje será proporcional, en consideración de las emisiones emitidas y el tipo de vehículo, teniendo los vehículos eléctricos una bonificación del 20%".
Apuesta por la viñeta digital
Junts propone que este pago por parte de los vehículos extranjeros se realice a través de una viñeta digital, como la que ya se utiliza en otros países donde es obligatorio contar con un permiso de peaje para circular por autopistas, autovías o determinadas carreteras nacionales, y donde el sistema de peaje ha sido digitalizado para facilitar la gestión y control del pago. Es el caso de países como Austria, Eslovenia, Suiza, Rumania, República Checa, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia o Moldavia. La viñeta digital, también conocida como e-vignette, es la variante moderna de la conocida viñeta adhesiva, y ya no está ligada al vehículo, sino a su matrícula. Consiste en una tarifa plana por tiempo de uso (diaria, semanal, mensual o anual) y es el modelo de pago que históricamente ha defendido a la Generalitat de Catalunya. Junts señala en su enmienda que la implementación de un peaje por viñeta digital "permitirá una mejor gestión del tráfico y, sobre todo, que el impacto de los vehículos extranjeros y los vehículos pesados tenga un retorno al territorio afectado".
La patronal Seopan, en contra
Según afirma EFE, la patronal de los concesionarios (Seopan), que hace años que trabaja para la articulación de un mecanismo de pago por uso en la red de carreteras estatales, no es partidaria de este sistema, que considera "ineficaz" si de lo que se trata es de gravar la circulación y que pague el que contamina y lo que utilice el vehículo. Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras) defiende un modelo de cobro por distancia, con el cual, según sus datos, el Estado se habría ahorrado unos 5.000 millones de euros en las últimas dos décadas. La mayor respuesta contraria al pago por uso de las carreteras viene de las compañías de transporte de mercancías, uno de los sectores en el punto de mira de la Ley de Movilidad Sostenible, que apuesta para reducir el transporte en camiones y fomentar el ferroviario.
ERC da un año al Gobierno de Sánchez
Esquerra Republicana, por su parte, también está de acuerdo en articular un mecanismo de pago por uso en la red de carreteras estatales y también ha propuesto enmiendas de regulación a futuro del modelo de tarifación de las infraestructuras viarias de altas prestaciones, aunque no va tan lejos como Junts. En su caso, ERC quiere introducir una disposición para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Ejecutivo presente un "estudio de alternativas que analizará las diferentes opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un mantenimiento adecuado y una modernización de la Red de Carreteras del Estado, adaptándola a la electromovilidad y fomentando la digitalización". "El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, incluyendo de forma prioritaria descuentos en los vehículos eléctricos cero emisiones", señala la disposición que propone.