Junts per Tarragona ha planteado que el Ayuntamiento se persone como acusación en los procedimientos penales por delitos de hurto con el objetivo de hacer frente a los delincuentes multirreincidentes y favorecer su expulsión de la ciudad. La iniciativa se enmarca en la nueva Ley Orgánica 1/2026 impulsada por Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otorga a los entes locales la capacidad de ejercer acciones penales en este ámbito. La formación ha registrado una propuesta para que el consistorio pueda intervenir directamente en estas causas. El portavoz municipal, Jordi Sendra, ha defendido que se trata de una iniciativa "rigurosa desde el punto de vista técnico y jurídico" y ha remarcado que Tarragona podría convertirse en el primer municipio en aplicarla. Según ha indicado, su puesta en marcha podría hacerse efectiva mediante un decreto de alcaldía. Fuentes del PSC en el consistorio tarraconense apuntan que votarán favorablemente a la propuesta.
De acuerdo con la nueva normativa, los ayuntamientos pueden actuar como parte acusadora en delitos de hurto con autonomía respecto a la Fiscalía. En este contexto, Sendra ha presentado el documento ‘Echar a los delincuentes de nuestros barrios’, que incluye un plan con ocho medidas para desplegar esta estrategia. Entre las acciones propuestas se encuentran la activación formal de la legitimación penal municipal, la aprobación de un acuerdo plenario de apoyo, la coordinación con los cuerpos policiales y la creación de un sistema de seguimiento de los casos que permita identificar reincidencias y establecer criterios objetivos de actuación.
Que el ayuntamiento acuse directamente a los delincuentes
Sendra ha asegurado que la nueva legislación permite a los ayuntamientos "acusar directamente a los delincuentes" y pedir su expulsión, y ha criticado la sensación de impunidad existente. "¡No puede ser que delinquir salga más a cuenta que cumplir la ley!", ha afirmado. A pesar de defender que Tarragona es una ciudad segura, el portavoz de Junts considera que es necesario dar un paso más para reforzar el orden público. En este sentido, ha reivindicado una propuesta "alejada de los extremismos" y basada en la aplicación estricta de la ley para mejorar la seguridad en las calles.
Para sacar adelante la iniciativa, Sendra ha apuntado que será necesario un informe jurídico de la Secretaría General municipal que avale la viabilidad de la acción penal, así como una resolución de alcaldía. Ha remarcado que la competencia recae exclusivamente en el alcalde y se ha mostrado convencido de que sabrá impulsar la medida.
El dirigente juntaire también ha destacado el carácter pionero de la propuesta y ha expresado confianza en que el gobierno municipal le dará apoyo en el pleno previsto para este viernes. Según ha defendido, la implicación directa del Ayuntamiento en estos procesos permitiría defender mejor los intereses de la ciudadanía y contribuir a reducir la delincuencia. Finalmente, Sendra ha afirmado que la iniciativa se podría aplicar de manera inmediata, ya que la ley ya está en vigor, y ha animado a otros municipios a adoptar medidas similares.