El juez Manuel Marchena ha aprovechado el escrito del Supremo que deniega la libertad de los presos para cargar con contundencia contra el informe del grupo de trabajo la ONU sobre detenciones arbitrarias que reclamó su liberación. El escrito del tribunal que juzga el procés, del cual Marchena ha actuado como ponente, no se limita a negar ningún tipo de carácter vinculante del informe de las Naciones Unidas, sino que descalifica tanto los argumentos, como sus trabajos y la forma como han sido comunicadas las conclusiones.

"No faltan en el dictamen las afirmaciones extravagantes, faltas de toda lógica y de posible encaje en nuestro sistema procesal", sentencia el texto donde se asegura de que son muchos los motivos para la discrepancia con los trabajos del grupo.

Por ejemplo, señala la afirmación en el sentido que Joaquim Forn "fue persuadido de suprimir su activismo, en favor de la causa independentista, a cambio de ser liberado". En opinión del tribunal, esta "simple insinuación" supone una "insidia" que solo puede ser suscrita "a partir de un grosero desconocimiento de los principios que definen el proceso penal de nuestro sistema constitucional".

Igualmente muestran el rechazo por la consideración del grupo de trabajo que, ante la inexistencia de violencia, las acusaciones contra Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras tienen como objetivo "coaccionarlos por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Catalunya e inhibirlos de continuar con su pretensión en el ámbito político".

El Govern en el Supremo

"Sólo a partir del desconocimiento de nuestra realidad política y jurídica, puede suscribirse mensajes de esta naturaleza", reprocha al juez. En este sentido, el texto argumenta que las mismas ideas políticas sustentan el actual gobierno de Catalunya. No sólo eso, señalan que durante las sesiones del juicio estuvieron presentes en la sala de plenos del Supremo representantes del Govern "con reconocida identidad ideológica respecto de una uno otros procesados" y que todos ellos han recibido el trato protocolario que la legislación dispensa a las autoridades autonómicas.

Otro motivo que utilizan los jueces para descalificar las conclusiones del grupo de trabajo es que la información ha sido proporcionada por "la fuente" y por la respuesta del gobierno español, y que el informe del grupo de trabajo concluye pidiendo al ejecutivo las "medidas necesarias" para poner remedio a la situación. "Esta petición ignora una de las notas esenciales que define cualquier estado de derecho, es decir, aquella que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones, requerimiento u órdenes en los tribunales de justicia".

 

Los jueces recogen el parecer de la Fiscalía en el sentido que la opinión del grupo sobre detenciones arbitrarias se limita a reflejar un criterio de un grupo de trabajo auxiliar e informativo y sin capacidad para dejar sin efecto las actuaciones llevadas a término por los tribunales. En este sentido, recuerda también que la Abogada del Estado ha pedido la revisión de los trabajos por imparcialidad de algunos de sus miembros.

Asimismo, descalifican las conclusiones del informe de la ONU por la forma como ha llegado al Supremo. El documento, bajo el epígrafe Opinión 6/2019 llegó con una carta firmada por el presidente relator del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, José Antonio Guevara Bermúdez, dirigida al embajador español ante las Naciones Unidas, Cristóbal González-Aller. "Ninguna conexión procesal existe -ni puede existir- entre esta embajada y la defensa que lo aporta, ni tampoco con el órgano jurisdiccional al cual se dirige la petición de libertad", advierte.

De hecho, el texto reprocha que la sala ha conocido la existencia de las conclusiones del grupo de trabajo a través de los medios de comunicación, dado que se anunció en rueda de prensa. Asimismo, descalifica el documento por la publicación en Naciodigital el día anterior de una notícia señalando que el abogado Ben Emmerson hacía público el dictamen.

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