En julio del 2017, tres meses antes de la aplicación del 155, el Estado ya intervino las cuentas de la Generalitat. El objetivo era evitar que se destinara ninguna partida de presupuesto al referéndum. Aunque el ministro de Hacienda afirmó que no se había gastado ni un euro a la organización del 1-O, desde el momento en que la fiscalía añade el delito de malversación, todos los actores relacionados con Hacienda van modificando su discurso.

Cristóbal Montoro ya abrió la veda durante el juicio sobre la posibilidad que el Govern hubiera burlado el sistema de control. Y hoy el subsecretario de Hacienda, Felipe Martínez, ha afirmado que el control se podía esquivar.

Y en concreto ha detallado que sospecharon sobre gastos que provenían de la Conselleria de Exteriors, en concreto sobre los gastos de desplazamientos de los observadores internacionales. Y fue entonces cuando se dio curso judicial a la sospecha: "La información que se transmitió al juzgado incluía gastos sobre observadores internacionales".

También "había gastos relacionados con el registro de catalanes en el exterior", ha añadido.

Sobre la campaña "Civisme", que incluye los anuncios de las vías del tren, y que parece que sea la prueba clave de la fiscalía para demostrar la malversación, el que fue subsecretario de Hacienda dice que "hubo dos partidas de la campaña 'Civisme' que no se pagaron".

Pero a la pregunta clave, la que ha hecho la fiscal Consuelo Madrigal sobre si se pagó el referéndum con dinero público, Felipe Martínez ha respondido que "el ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad y que fuera la realidad material de los hechos", pero no ha dicho ni que sí, ni que no, no ha querido desmentir a Montoro.

A preguntas de Vox, sí que ha dicho que se detectó una partida de 20.000 euros pero ha afirmado que, aunque se iniciara un expediente, eso no quiere decir que se pagara nada. Y no ha concretado para qué era la partida. De hecho, Vox no le ha preguntado.

Martínez ha sido el primero en declarar, después del aplazamiento de su comparecencia jueves pasado. "El sistema de certificado exigía que no se destinara dinero a la organización del referéndum", ha afirmado. Y ha concretado que "en algunos casos la información transmitida era incompleta o irregular, si era así pedíamos explicaciones".

Felix Martínez ha declarado austeramente y con todos los detalles y ha expuesto que "la información que se recibía de Catalunya exigía el conocimiento por parte de muchos centros del Ministerio de Hacienda".