Josep Riba, el abogado de Carles Mundó, ha cerrado la primera sesión de alegatos finales de las defensas. Centrado en el delito de malversación del que se acusa a quien fuera conseller de Justícia, Riba ha destacado que "es importante en este delito observar qué podría afectar al conseller de Justícia". "Todas las notificaciones nada tenían que ver con el señor Mundó porque no era diputado del Parlament de Catalunya", ha añadido.

Josep Riba ha centrado su informe final en demostrar que la ley del referéndum ni se aplicó ni se desplegó la previsión presupuestaria que preveía con el fin de hacer la votación del 1 de octubre.

"Por la notoriedad de las resoluciones del tribunal, todos sabemos que a partir del día del decreto la ley había quedado suspendida por el TC", ha dicho remarcando que hace falta concretar qué acto hizo Mundó dentro de sus competencias contra la resolución. Josep Riba ha destacado que las acusaciones no lo han probado.

El acuerdo del 6 de septiembre "tenía un contenido estrictamente político, se le quería dar una relevancia simbólica", ha dicho Josep Riba para rebatir la malversación y la ejecución de la ley del referéndum aprobada por el Parlament de Catalunya. Y ha añadido que el acuerdo del 6 de septiembre del pleno del Parlament se adoptó "por un gobierno sin competencias y sin presupuesto".

El acuerdo del día 6 era una acto representativo y político que no afectaba para nada al trabajo de los consellers

También ha querido destacar que con el acuerdo del 6 de septiembre era imposible hacer las contrataciones para el 1-O. Y ha recordado que "existe un control electrónico que vigilaba los gastos de cualquier contratación hecha por la Generalitat".

También ha puesto de relieve que el 1-O no se utilizó ningún local del Departament de Justícia. "Aparte de dar instrucciones que no se gastara ni un céntimo de euro de su conselleria para el referéndum poca cosa se le puede exigir al señor Mundó", ha hecho notar Josep Riba. "No se puede hablar de autoría ejecutiva con respecto al señor Mundó porque no había competencias", ha añadido.

"No hay afectación en el patrimonio público. Por lo tanto, no hay delito de malversación", ha dicho de forma contundente el abogado después de analizar los testigos y los informes periciales sobre Unipost. Riba ha destacado que la empresa no reclama los pagos y no hay ningún registro contable.

El acuerdo era inejecutable a causa de la suspensión del TC

Riba también ha destacado el talante y las relaciones con la judicatura de Mundó: "En el poco año y medio que fue conseller, nunca ha interferido en el poder judicial y la relación ha sido exquisita y recíproca, como acreditan los correos enviados desde de la presidencia del TSJC".

El abogado ha expuesto que el acuerdo del 6 de septiembre del Parlament de Catalunya nunca llegó a ejecutarse y "no hay ninguna prueba que se hiciera ningún gasto".

La sentencia del 9-N, exculpatoria

Josep Riba ha cerrado su intervención haciendo referencia al Tribunal de Cuentas: "Tenemos unos antecedentes del 9-N, tanto desde una perspectiva del Tribunal Cuentas como desde una perspectiva penal, y el Tribunal de Cuentas resuelve sobre un principio general que es tener facultades en la administración del patrimonio público. En la sentencia del 9-N se responsabiliza a cada conseller de sus partidas para atribuir una responsabilidad contable".

"Si en un caso similar no se puede exigir responsabilidad contable, mucho menos se le puede exigir responsabilidad penal", ha concluido.