Doce procesados, ocho abogados, cuatro fiscales, una abogada del Estado y dos abogados de la acusación popular de Vox.
Son las partes activas de este juicio al procés, que preside un tribunal de siete magistrados, seis hombres y una mujer.
Los procesados
Oriol Junqueras
Vicepresident del Govern y conseller de Economía.
La fiscalía lo acusa de rebelión y malversación y pide para él 25 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y pide 12 años de prisión.
Vox lo acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión.
Su abogado es Andreu Van den Eynde.
En ausencia de Carles Puigdemont, es el jefe visible del Goivern que impulsó el referéndum y la declaración unilateral de independencia (DUI). Considerado como el principal promotor del procés dentro del Govern, Junqueras fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O (tarea que coordinó su número dos, Josep Maria Jové) y, según las acusaciones, decidió llegar hasta las últimas consecuencias a pesar de los riesgos en la seguridad evidenciados por los Mossos. A propuesta de su consejería (bajo la cual se ocultaron gastos del referéndum, según la acusación) se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O.
Con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Catalunya para que cedieran los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministeri d'Hisenda.
Jordi Turull
Conseller de la Presidència.
La fiscalía lo acusa de rebelión y malversación y pide 16 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y pide 11 años y 6 meses de prisión.
Vox lo acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión.
Su abogado es Jordi Pina.
Era el responsable de la Conselleria de Presidència, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos. Autorizó, con otros consellers, contrataciones para el referéndum y controlaba el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), esencial en la logística del 1-O y en que se crearon páginas web (algunas duplicadas para dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum. Después de la prohibición de las investiduras de Puigdemont y Sànchez, Turull se sometió a una sesión de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a la prisión cuando fue procesado.
Joaquim Forn
Conseller de Interior.
La fiscalía lo acusa de rebelión y malversación y pide 16 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y pide 11 años y 6 meses de prisión.
Vox lo acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión.
Su abogado es Xavier Melero.
Conseller de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos d'Esquadra. Junto con Junqueras, está en prisión desde el 2 de noviembre del 2017. Como el vicepresident, dio orden a los Mossos de seguir adelante con el 1-O a pesar de los potenciales riesgos en la seguridad, según la acusación, y animó a los ciudadanos a acudir en masa a votar.
Raül Romeva
Conseller de Exteriors.
La fiscalía lo acusa de rebelión y malversación y pide 16 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y pide 11 años y 6 meses de prisión.
Vox lo acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión.
Su abogado es Andreu Van den Eynde.
Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el procés. Dirigía el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), un "tipo de cuerpo diplomático paralelo al estatal" que, según la fiscalía, actuaba como lobby para difundir el procés en el exterior. Bajo su dirección se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional de la imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el 1-O. En el 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó el 107%.
Dolors Bassa
Consellera de Treball, Afers Socials i Família.
La fiscalía la acusa de rebelión y malversación y pide 16 años de prisión.
La Abogacía del Estado la acusa de sedición y malversación y pide 11 años y 6 meses de prisión.
Vox la acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión.
Su abogado es Mariano Bergés.
Retiró a los funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación.
Josep Rull
Conseller de Territori.
La fiscalía lo acusa de rebelión y malversación y pide 16 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y pide 11 años y 6 meses de prisión.
Vox lo acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión.
Su abogado es Jordi Pina.
Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales del 2017 y en marzo del 2018 regresó a la cárcel. Además "de animar a los ciudadanos a votar el 1-O a pesar de ser consciente de que era una convocatoria ilegal y que había riesgos en la seguridad", prohibió "arbitrariamente" en su condición de conseller de Territori que un barco en el que viajaba la policía atracara en la bahía de Palamós (Baix Empordà).
Meritxell Borràs
Consellera de Governació.
La fiscalía la acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión y multa de 30.000 euros.
La Abogacía del Estado la acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión.
Vox la acusa de malversación, organización criminal y desobediencia y pide 24 años de prisión.
Su abogado es Xavier Melero.
Como el resto de miembros del Govern, Borràs, Mundó y Vila adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para eso de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones. Son los únicos que están en libertad. Borràs estuvo en prisión cerca de un mes, hasta diciembre del 2017.
Carles Mundó
Conseller de Justícia.
La fiscalía lo acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión y multa de 30.000 euros.
La Abogacía del Estado lo acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión.
Vox lo acusa de malversación, organización criminal y desobediencia y pide 24 años de prisión.
Su abogado es Josep Riba.
Como el resto de miembros del Govern, Borràs, Mundó y Vila adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para eso de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones. Son los únicos que están en libertad. Mundó estuvo en la prisión cerca de un mes, hasta diciembre del 2017.
Santi Vila
Conseller d'Empresa i Coneixement.
La fiscalía lo acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión y multa de 30.000 euros.
La Abogacía del Estado lo acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión.
Vox lo acusa de malversación, organización criminal y desobediencia y pide 24 años de prisión.
Su abogado es Pau Molins.
Como el resto de miembros del Govern, adoptó los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para eso de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones. Vila pasó una noche en prisión hasta que pagó la fianza.
Jordi Sànchez
Expresidente de la ANC.
La fiscalía lo acusa de rebelión y pide 17 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y pide 8 años de prisión.
Vox lo acusa de rebelión y organización criminal y pide 52 años de prisión.
Su abogado es Jordi Pina.
Los Jordis son los acusados que llevan más tiempo en prisión, desde el 16 de octubre del 2017. También se los considera "promotores", en su caso como responsables de la vertiente social del procés en su condición de líderes de la ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones soberanistas que jugaron un "papel crucial" como instrumento de presión al Estado. Se encargaron, según las acusaciones, de mantener viva "la estrategia de movilización creciente y permanente" y su actuación fue esencial en el acoso a la Conselleria de Economia el 20 de septiembre del 2017, cuando se impidió la actuación de la comisión judicial que registraba el edificio. Según la acusación, una actuación dirigida y consentida por los Jordis, acusados también de animar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial. En el caso de Sànchez, fue elegido diputado por JxCat en diciembre del 2017 y llegó a aspirar a la Presidència de la Generalitat, pero no pudo acudir al Parlament porque estaba encarcelado. Renunció al escaño el 21 de marzo.
Jordi Cuixart
Presidente de Òmnium Cultural.
La fiscalía lo acusa de rebelión y pide 17 años de prisión.
La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y pide 8 años de prisión.
Vox lo acusa de rebelión y organización criminal y pide 52 años de prisión.
Su abogada es Marina Roig.
Presidenta del Parlament.
La fiscalía la acusa de rebelión y pide 17 años de prisión.
La Abogacía del Estado la acusa de sedición y pide 10 años de prisión.
Vox la acusa de rebelión y organización criminal y pide 52 años de prisión.
Su abogada es Olga Arderiu.
Como principal representante del poder legislativo en Catalunya, las acusaciones también le adjudican el título de "promotora". Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las iniciativas que, durante los turbulentos días 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las llamadas leyes de desconexión del Estado. También permitió la votación —con el rechazo frontal de la oposición— de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la nueva república.