Los 47 acusados de integrar el frente de makos de ETA, entre ellos la abogada Arantza Zulueta, la concejala de Bildu Amaia Izco y el exsenador de este partido Iñaki Goioga, se han conformado este lunes con penas leves de prisión, evitando ir a la prisión, a cambio de reconocer su tarea para el frente de makos de ETA, aunque los principales acusados estarán un año en libertad vigilada.

Es el acuerdo al que han llegado con la fiscalía este lunes, nada más empezar el juicio, para esquivar la prisión. Pero para materializar el acuerdo, los procesados han tenido que admitir su participación en la estrategia de organización de ETA. Admiten los hechos que les acusan de actuar bajo las directrices de la organización terrorista a la hora de dirigir el colectivo de presos con el fin de garantizar la cohesión y fidelidad a la banda después del cese definitivo de la actividad armada de octubre de 2011.

Las mayores penas (3 años y medio y 2 años y 7 meses de prisión, respectivamente) han recaído en Zulueta y el abogado Jon Enperantza, considerados los responsables del órgano KT, coordinador del conocido como frente de makos o de prisiones de la banda terrorista. Los dos se enfrentaban a una petición de la fiscalía de 14 años de prisión por participación activa en organización terrorista en grado de dirigente.

Pero ninguno de los dos irá a prisión porque se les han descontado los años que estuvieron en prisión preventiva después de ser detenidos en enero de 2014 por estos hechos en la llamada Operación Jaque. El resto –para los cuales el fiscal pedía desde 8 a 11 años de prisión– la mayoría ha pactado con la fiscalía y las acusaciones populares –AVT y Dignidad y Justícia– ser condenados por participación activa en organización terrorista a penas de dos años o un año y medio de prisión al aplicar a los 47 el atenuante de confesión tardía, con lo que evitan su ingreso en la prisión, también.

Con respecto a las penas de inhabilitación para cargo o empleo público, que en la petición del fiscal oscilaban entre 10 y 15 años, los acusados se han conformado con penas de 3 años, 3 años y medio y en el caso de Zulueta y Enparantza con 5 y 4 años, respectivamente, de inhabilitación absoluta.

Para alcanzar este acuerdo, los 47 acusados han admitido uno a uno los hechos por los cuales se los acusa ante el tribunal, lo que implica el reconocimiento de su integración o vinculación en el KT / Koordinazioa taldea, un ente organizativo en el cual, bajo la dirección de la organización terrorista, se agrupan varias organizaciones que trabajan sectorialmente a favor de los presos y huidos de ETA con el fin de complementar su actividad terrorista.