Se les tenía que juzgar hoy por un delito equivalente a una falta y en un juzgado de instrucción, pero a última hora se ha aceptado el delito de odio y discriminación y el caso ha saltado a delito grave y a un juzgado de lo penal.
Los siete activistas denunciados por amenazas y delito contra los derechos fundamentales formaron parte de la organización de la manifestación del 16 de marzo en Madrid.
El caso sale de una denuncia de la policía y del testigo de la agrupación de extrema derecha Hogar Social Madrid, que se presentó en la manifestación "La autodeterminación no es delito" e intentó reventarla. Los organizadores aseguran que la brigada de información policial de Madrid está "utilizando" a Hogar Social Madrid para presentar la denuncia y que, además, se quiere sumar un tercer delito de odio.
La miembro de Izquierda Castellana asegura que se trata de "una pieza más de la causa general contra la democracia y contra la disidencia política". De hecho, hoy cuando se ha sabido que el juicio se suspendia para empezar una instrucción que puede comportar penas de prisión, entre los afectados se ha afirmado claramente que eso corresponde a "cuestiones políticas".