Cambio jurídico. El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Huesca ha confirmado la suspensión del juicio que tenía que celebrarse este miércoles contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya Santi Vila y Lluís Puig, en relación con los bienes del Monasterio de Sixena y esta semana enviará una "exposición razonada" al Tribunal Supremo para que decida qué tribunal es competente para juzgar el caso, según ha avanzado este lunes la agencia Efe. La defensa de Puig, ejercida por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, pidió la suspensión de la vista al afirmar que Puig es diputado Junts en el Parlament, en el exilio en Bèlgica, y, por lo tanto, su causa tiene que ser juzgada por en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El juez de Huesca ha paralizado el proceso ahora porque el Parlament le ha confirmadoue Lluís Puig es aforado en la cámara catalana. Sin embargo, recientemente el Tribunal Constitucional (TC) anuló su voto delegado y comunicó a la fiscalía y a la cámara que se podía deducir testigo|testimonio de su incumplimiento, es decir, que se podría iniciar un nuevo procedimiento penal contra la Mesa del Parlamento por desobediencia al TC.
En la exposición razonada, el magistrado oscense argumentará los motivos por los cuales considera que la competencia del citado juicio no corresponde al juzgado oscense. El gabinete de prensa del TSJ de Aragón ha informado a ElNacional.cat, de que está previsto que este informe sea presentado esta semana. El juez ya decidió la pasada semana suspender la vista por presunta desobediencia a un mandato judicial que ordenaba el traslado de piezas del monasterio de Sixena desde el Museo de Lleida, que tenía que celebrarse el 5 de octubre contra Santi Vila y Lluís Puig. Contra la resolución dictada por el juez oscense se puede poner recurso de reforma en un plazo de tres días. Este es la segunda vez que se suspende la vista de Sixena.
Los argumentos de la cámara catalana
La decisión del responsable judicial se sustentaba en un informe remitido por el letrado mayor de la cámara catalana, en el cual se certifica que Lluis Puig fue elegido diputado en febrero del 2021 por la circunscripción electoral de Barcelona, y que un mes después accedió al "pleno ejercicio de la condición de miembro del Parlament de Catalunya, que ostenta en la actualidad." A la vista de este informe, el magistrado oscense, que se dirigió hace unos días a la cámara catalana para que informara sobre si Puig -en el exilio y procesado por malversación en la organización del 1-O - era miembro activo de la institución a pesar de su exilio y no asistencia a los plenos. Con la providencia conocida este lunes, y fechada el viernes pasado, 30 de septiembre, el juez confirma oficialmente la decisión de suspender el juicio y dictar la exposición razonada de los motivos por los cuales considera que su juzgado no tiene competencias.
Por los hechos denunciados, la Fiscalía solicita para cada exconseller 11 meses de prisión y multa de 5.940 euros como presuntos responsables de un delito de desobediencia. Por su parte, la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena, que ostenta el letrado Jorge Español, pide la misma condena de prisión, pero eleva la cuota a 300 euros diarios durante 11 meses, así como dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Vila por presunta usurpación de funciones judiciales. Como las penas son inferiores a dos años de prisión, Puig podía ser juzgado en ausencia. El juez no quiso habilitar un sistema en línea para que declarara a distancia desde una institución belga.