El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a un total de 42 personas en el caso Acuamed, investigación centrada en esta empresa pública por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo, según ha informado este martes al tribunal. En una resolución, el titular del juzgado central de instrucción 6 considera que los hechos son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y soborno. En el caso del principal investigado de la red, el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, afirma que obtuvo de las empresas contratistas dádivas en forma de viajes, fuera y dentro del Estado español, e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros, entre los años 2012 y 2016. Mateo estuvo en prisión provisional, durante seis meses, el 2016, hasta que el tribunal le rebajó la fianza de 600.000 a 300.000 euros, que va abonar.
En la resolución, de 241 páginas, el magistrado examina todas las obras investigadas en este procedimiento por la empresa Acuamed, encargada de las competencias a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación hidráulicas. Entre estas obras, está el sistema de dotación de agua desde el envase de cerro Colorado en el valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras completarías de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo, y la Redonda (Almería); el expediente de proyecto de modificación de las obras de control y laminado de avenidas en la cuenca mediana del río Serpis (País Valencià); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y la operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante), o las obras de eliminación de la contaminación química en la cuenca mediana del río del pantano de Flix (Tarragona), licitación que obtuvo FCC.
Obsequios de los contratistas
El magistrado da por "indiciariamente acreditadas", tal como indicó la Fiscalía en su informe, las irregularidades cometidas en algunos de los contratos con el fin de favorecer a determinados contratistas. Según el juez, "a cambio de las adjudicaciones, algunos de los procesados recibían diferentes dádivas". De las comunicaciones intervenidas, el juez precisa que se evidencian que desde de Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que tenían que guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales, "se facilitaba el trabajo a contratistas y se le permitía intervenir" en la redacción de los informes que Acuamed tenía que emitir, variando los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia de los mismos hasta llegar a los mínimos que se habían pactado, con independencia de cuál era la realidad de la obra.
Préstamo de 500 millones, en beneficio propio
En la resolución, también se relata que el 14 de junio de 2012 se formó el contrato de crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500 millones de euros que solicitó Acuamed para sufragar costes propios, como infraestructuras hidráulicas, desalinizadoras o canalizaciones. Y se sostiene que antes de la firma del contrato de préstamo, Arcadio Mateo, que conocía su tramitación, "decidió unilateralmente invertir el capital público recibido del prèstamo pedido por Acuamed, en beneficio propio en varias entidades bancarias y contrató a un asesor para que colaborara con él en estas actividades", y que no hizo caso de las advertencias de la Dirección General de Patrimonio del Estado.