Insólito. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ha ofrecido a  Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, si se quiere personarse como investigado en el caso Diputación, de supuestas subvenciones irregulares a entidades afines en Convergència, al asegurar que ha encontrado indicios contra él. Hace meses que Alay es investigado en el caso Diputación, pero formalmente solo está imputado desde el 2019 en una de sus piezas, denominada caso Volhov, sobre supuesta financiación irregular del independentismo en el exilio. Además del ofrecimiento a Alay, en la resolución, del 17 de mayo pasado, el juez acusa al fiscal anticorrupción Fernando Maldonado de hacer una "maniobra obstativa", al presentar un recurso contra su decisión, del abril pasado, de encargar a la Guardia Civil un informe patrimonial de Alay con la única argumentación que su antecesor en el cargo a la Diputación, Jordi Castells, tiene indicios delictivos en la concesión de subvenciones a ONG.

En el escrito, el juez Aguirre mezcla las investigaciones del caso Diputación y el caso Volhov, y afirma que "resulta procedente comprobar si la misión de Alay de mantener contactos con políticos, mafiosos rusos, y enviados del Kremlin empezó cuando trabajaba a la Diputación", entre los años 2015 o 2016, antes que como jefe de la oficina del presidente Puigdemont. "Aguirre ataca de nuevo", ha tuiteado Alay, al comunicarle esta resolución. El caso Volhov y la relación del gobierno de Puigdemont con representantes rusos aparece en un audio que Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones exteriores de Convergència, tiene en su móvil y que la Guardia Civil le encuentra, al detenerlo en el 2018. Terradellas declaró al juez, la semana pasada, que Puigdemont aceptó reunirse con integrados rusos en la Casa de los Canónigos, la víspera antes de la declaración de la DUI, suspendida, pero que todo era iniciativa suya, no del presidente.

Diputación

Josep Lluís Alay asumió el cargo de Castells, como jefe del área de cooperación de la Diputación, y el juez expone que entregó a la ONG Solidaridad -UB la resolución de expedientes que técnicos de la Diputación indicaron que tenían deficiencias. Pone el ejemplo de las entregadas a la Fundación Catdem i Igman, y el juez detalla que el actual diputado de Junts Francesc de Dalmases fue a ver a Castells. El TSJC ya hace rehusar una vez investigar De Dalmases por el caso Diputación.

El magistrado precisa que la Diputación de Barcelona ya le ha remitido el informe sobre los viajes que hizo Alay y que la entidad le hizo devolver el dinero de dos viajes porque no guardaban relación con su trabajo, e indica que podría derivarse en un delito de malversación. Por todo eso, en la resolución informa de que ha ampliado la exposición de indicios de criminalidad contra Alay y le ofrece que se persone como investigado, en el caso Diputación, y cuando acabe la investigación, que precisa que es "preliminar" lo puede citar a declarar como investigado.

Reproches graves

Lo más sorprendente de la resolución, y excepcional, es el enfrentamiento dialéctico que mantienen del fiscal Maldonado y el juez Aguirre en los escritos del caso Diputación y del caso Volhov. El fiscal Maldonado ha presentado recurso contra varias resoluciones del magistrado. La última es del 27 de abril pasado contra la resolución del juez de investigar el patrimonio de Alay, ja que la califica de "prospectiva por falta de indicios de criminalidad contra Alay". En la resolución del 17 de mayo, el juez Aguirre le reprocha que "el fiscal indica que el juez ordene esta investigación por capricho". Y después de admitir que era una resolución "escueta", le expone todos los indicios que considera que tiene.

El juez llega a afirmar que "la maniobra del fiscal es obstativa en lugar de ser coadyuvante a la instrucción de la causa por que no hace más que dilatar la instrucción". La Audiencia de Barcelona, que hasta ahora ha validado al juez Aguirre con resoluciones genéricas, tiene la última palabra. El juez Aguirre ya adelanta, sin embargo, que si le tumban la investigación del patrimonio de Alay, hará una nueva resolución "con mayor fundamentación".