Seis meses después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pidiera al juez Antonio Viejo autorización para investigar todos los movimientos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el magistrado lo ha acabado aceptando este jueves. Concretamente, ha pedido a 16 bancos que entreguen a la UCO toda la información bancaria sobre el empresario desde 2014, doce años de datos. Hay que recordar que la jueza Inmaculada Iglesias pidió que la UCO participara en esta causa que investiga un presunto soborno de medio millón de euros a un alto cargo del grupo Quirón, ante la “complejidad” de los hechos y porque la trama tiene un carácter “interprovincial”. Este no es el único frente abierto de González Amador, que también será juzgado por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros.
Con todo, el juez también ha rechazado autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador, tal como pedían los investigadores de la Guardia Civil. “De los tres ámbitos de investigación sobre los que los investigadores (...) consideran determinados para esclarecer los hechos, objeto de las presentes diligencias, entienden este instructor prioritario y previo a lo relativo a la información bancaria, sin perjuicio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender este examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos sobrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas”, se puede leer en el auto al que ha tenido acceso ElNacional.cat.
La declaración de González Amador
Hace más de un año, en abril de 2025, González Amador compareció ante la jueza Inmaculada Iglesias para explicar sus negocios con Quirón Prevención y la naturaleza de los ingresos que había percibido. Así, negó que los hubiera ocultado mediante una sociedad pantalla para esquivar el pago de impuestos a Hacienda. Hay que tener en cuenta que la acusación popular está representada por el PSOE y Más Madrid, los principales rivales políticos de la dirigente madrileña. Entonces, presentó la documentación para acreditar los ingresos provenientes de Quirón y defendió que fueron declarados legalmente. También añadió que la Agencia Tributaria “nunca” requirió los contratos de distribución relacionados con la sociedad Círculo de Belleza, adquirida por 500.000 euros a la esposa de un alto cargo de Quirón Prevención, operación que forma parte de la causa judicial.