El juzgado de instrucción número 4 de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la exconsellera de Salut, Alba Vergés, por el retraso en la vacunación de los agentes de la Guardia Civil. La denuncia la había presentado la Asociación Profesional de la Guardia Civil (APROGC) y el juez ha decidido salir adelante con la querella. Paralelamente, ha pedido al juzgado de instrucción número 17 que le remita las actuaciones que ha realizado en el mismo sentido por otra querella.

En su decisión, el magistrado ha querido recalcar que "el 22 de abril sólo había un 6,3% de guardias civiles de Catalunya vacunados, el 9,9% de policías nacionales y más del 70% de Mossos d'Esquadra y policías locales". En esta línea, considera que la actual vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, podría haber cometido un delito de discriminación y contra la seguridad en el trabajo.

El TSJC dio 10 días para vacunar a los agentes

Esta decisión del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona llega tres meses después que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resolviera que daba 10 días (como máximo) a la Generalitat para reanudar la campaña de vacunación en agentes de la Guardia Civil y de la policía española a fin de que llegaran "a la misma proporción" de vacunados que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

De esta forma, el TSJC estimaba las medidas solicitadas por los sindicatos Jupol y Jucil. Además de dar un plazo de diez días, daba 48 horas más a la Conselleria de Salut para remitir un informe que corroborara que se había cumplido con lo que pedía la justicia.

Por su parte, la Fiscalía también había presentado un escrito donde denunciaba que el Govern "estaba discriminando de manera injustificada" a los agentes de la policía española y Guardia Civil. Además, la Fiscalía expresaba que los miembros de estos cuerpos policiales forman parte del "colectivo de trabajadores esenciales".

La entonces consellera de Salut, Alba Vergés, expresó que "los tribunales interfieren en la gestión de la pandemia" y que lo hacían en aquel momento "en una estrategia de vacunación estatal que no hemos decidido nosotros que se detenía, tenemos que vacunar por edades y eso interfiere en la misma estrategia de vacunación". Con la decisión del TSJC, Vergés denunciaba que "el tribunal nos obliga con esta medida cautelar a vacunar a aquellas personas que nosotros no hemos dicho que no vacunaríamos. Se empezó (la campaña de vacunación) y se paralizó en todo el estado español por AstraZeneca" y que "después se pasó a administrar estas dosis a las personas mayores de 60 años".

 

Imagen principal: Alba Vergés, en la sesión inaugural de la 14.ª legislatura del Parlament. Sergi Alcàzar.