El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra y ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una pieza separada que por ahora se mantiene bajo secreto. El magistrado José Luis Calama investiga en ella un nuevo delito de tráfico de influencias que implica a más personas, según ha avanzado este viernes la Cadena SER de fuentes conocedoras de la investigación. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está a cargo de las indagaciones de esta nueva vía, de la cual por ahora todavía se está valorando el alcance y la gravedad. Con todo, el caso Plus Ultra continúa siendo el centro de todo, y esta pieza se considera una investigación secundaria.
Por otro lado, el magistrado Calama también ha dado dos días a las acusaciones populares para que presenten alegaciones a su agrupación, ya que hay tres completamente formadas (Partido Popular, Vox y Hazte Oír) y cinco más pendientes de presentar sus fianzas: Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum). La intervención del juez también señala la declaración de Víctor Moreno Catena como el abogado defensor de Zapatero en la causa.
Zapatero, imputado por tráfico de influencias
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la Justicia. Se ha registrado la oficina del exlíder socialista y tres sedes mercantiles más. En 2024, Anticorrupción y la UDEF advirtieron que el dinero del rescate a la aerolínea podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de Venezuela.
En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el apoyo de la Audiencia Provincial de Madrid. Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente a favor de la Audiencia Nacional. Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad—. Varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para intentar recoger información fiscal de la compañía.
El juez de la Audiencia Nacional considera a Zapatero presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. En su resolución, José Luis Calama ha citado al expresidente el próximo 2 de junio como imputado. Según el magistrado, esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y el destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del mismo entramado”.
En un auto de 85 páginas, Calama sostiene que la intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”. En esta estructura de tráfico de influencias, según el juez, Julio Martínez Martínez ejercería un papel relevante en diferentes niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de estos clientes.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental ante terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas, "recurriéndose nuevamente a contratos de naturaleza similar para justificar el trasvase de fondos". El juez ha cifrado en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habrían obtenido el expresidente y su entorno. La consultora de Julio Martínez, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa—, acabaron en el entorno del expresidente del Govern.
Zapatero afirma que "nunca" ha intervenido en el rescate de la aerolínea
Zapatero aseguró este martes tras su imputación que "nunca" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", garantizó en un vídeo remitido a los medios. Ante la citación ha expresado su disposición "por supuesto" a colaborar con la justicia. Zapatero asegura en este mensaje que "nunca" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de este tipo. Añade que todos los ingresos y remuneraciones de su actividad privada han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Zapatero ha expresado asimismo que ejercerá su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción".