Hay motivos jurídicos para rechazar total o parcialmente la euroorden por la que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha pedido la extradición del presidente Carles Puigdemont a las autoridades alemanas. Diversos juristas alemanes los han explicado a la agencia Bloomberg y al diario económico alemán Handelsblatt y también han aclarado así por qué la jueza de primera instancia de Neumünster (estado alemán de Schleswig-Holstein) expresó dudas sobre el fondo de la petición española.

Joachim Wieland, experto en derecho público de la Universidad de Ciencias Administrativas de Speyer, ve una primera dificultad técnica: "[La normativa de la orden de detención europea o euroorden] estipulan que acusar a una persona por motivos políticos es inadmisible", dijo a Handelsblatt.

Según la normativa, la orden de detención europea o euroorden se aplica sólo sobre un catálogo cerrado de delitos (terrorismo, tráfico de personas, pornografía infantil...). La rebelión, que es la principal acusación española, no figura en esa lista, de manera que los jueces alemanes tienen que determinar si esta imputación contra Puigdemont es también delito según la ley del país.

Alta traición?

El tipo criminal comparable con la rebelión en Alemania es la alta traición, que requiere cometer actos violentos o la amenaza de utilizar la violencia. Como Puigdemont siempre ha evitado la asociación con la violencia, el tribunal puede bloquear la extradición, ha dicho Otto Lagodny, profesor de derecho penal comparado en la Universidad de Salzburgo.

"En el caso de la alta traición, la violencia se define por las consecuencias graves, tales como comprometer la seguridad de los suministros [luz, gas, agua ...] o poner en peligro la salud pública. No lo veo en lo que pasó en España", explica Thomas Wahl, del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional.

Otra acusación incluida en la euroorden es la malversación, aunque marcada como "corrupción", que no es exactamente el mismo -una diferencia que la justicia belga ya hizo notar que no encajaba.

Los jueces alemanes podrían considerar, sin embargo, que es equivalente a un tipo similar de su código penal. El tribunal podría extraditarlo sólo por este cargo, con la desventaja por el proceso español que la justicia española que la ley alemana lo castiga con un tiempo de prisión mucho más corto que la española.

Lagodny no es optimista, sin embargo. "Los jueces tendrían que echarle muchas narices [para oponerse]. Me temo que no lo harán", añade.

La parte política

Incluso si los jueces declaran que la extradición de Puigdemont es viable legalmente, el presidente podría apelar al Tribunal Constitucional Federal. Este tribunal aplica estrictamente un principio del estado de derecho: "ninguna pena sin culpa".

Según Wieland, este criterio está "en peligro" en el caso del presidente catalán "si el procesamiento está motivado políticamente y no se basa estrictamente en el imperio de la ley". El estado español, marcado por el combate a veces irregular contra ETA y tan sensible contra las aspiraciones separatistas, podría ser sospechoso de actuar políticamente en este asunto.

El abogado defensor alemán Michael Rosenthal explica que incluso si el tribunal dictamina que no hay obstáculo legal a la euroorden, Alemania tendría margen político para oponerse a ella. En el transcurso de las deliberaciones, las autoridades de Schleswig-Holstein tienen que mantenerse en contacto y consultar con el gobierno federal, según Rosenthal.

"Todavía vige la vieja tradición de no extraditar por delitos políticos", añade. "La costumbre todavía es ésta, de manera que aunque los tribunales autoricen una extradición, las autoridades políticas pueden negarse".

Dudas

Estos expertos aclaran así el trasfondo de la decisión de la jueza de primera instancia que interrogó a Puigdemont. La jueza expresó dudas sobre el fondo de la petición española en su dictamen al tribunal regional de Schleswig-Holstein, que decidirá si acepta la orden de detención.

A priori, según ella, la petición no es inválida, sin embargo "contiene algunos puntos por|para los que, en una revisión exhaustiva que pondere las diversas caras legales [del caso], la extradición podría ser declarada ilícita y descartada". Ahora bien, añade, "tampoco es obvio que la orden no determine" que no se cometió delito alguno.

Es decir, que el tribunal regional de Schleswig-Holstein, que tiene que decidir sobre la euroorden, tendría motivos para rechazarla lisa y llanamente, y también para hacerlo parcialmente, aceptando la extradición por algunos de los delitos, pero no por todos los que el juez Llarena imputa a Puigdemont.

Cascada de procedimientos

Todo esto no es más que el principio en la cascada de procedimientos judiciales que pueden seguirse en Alemania, que podrían alargarse meses.

Ahora, los fiscales de Schleswig-Holstein tendrán que comprobar si hay motivos legales para bloquear la extradición. Si concluyen que es válida, los abogados de Puigdemont pueden recurrir la decisión. Cualquiera que sea la decisión en este nivel, es muy probable que el caso acabe en el Tribunal Constitucional de Alemania, según los mencionados juristas.

Otras euroórdenes han necesitado meses, si no años, para resolverse. Bloomberg cita un caso contra cuatro corredores bancarios de nacionalidad alemana, acusados en el Reino Unido de manipular los tipos de interés desde el lDeutsche Bank. El Reino Unido emitió la euroorden en mayo del 2016. Los acusados nunca fueron detenidos y la extradición fue bloqueada por un tribunal de Frankfurt este pasado febrero.