"Sabías que desde el mes de febrero, a un grupo juvenil le cuesta casi el doble hacer una excursión"?. Este es alguno de los ejemplos que se plantea el Consell de la Joventut de Barcelona, la plataforma que coordina y representa las principales entidades jóvenes de Barcelona.

La introducción del nuevo sistema tarifario de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) genera malestar entre este sector, que lamenta que la alcaldesa Ada Colau no les escuche: "Invitamos a Colau y su equipo de gobierno, así como al resto de instituciones metropolitanas, a leer nuestro histórico de demandas sobre movilidad y los motivos por los cuales nos movemos contra el nuevo sistema tarifario".

Este colectivo ha arrancado la campaña 'Ens Movem' y, entre otras, señala lo que considera que son graves carencias y diferencias sociales que no se ajustan al sistema actual. Recuerdan que mientras que la ley catalana define la juventud como aquellos que tienen entre 18 y 29 años, con la nueva T-Joven, se excluye a todos los que han cumplido los 25 años. Y por eso manifiestan: "Nos movemos con la misma precariedad".

También piden que la T-16 se amplíe hasta la mayoría de edad para que los jóvenes que quieran estudiar, trabajar y participar en el barrio puedan disfrutar de los mismos derechos. Como propuestas, plantean crear una T-Grupal que tenga en cuenta el asociacionismo: "Colaborar conjuntamente para ver cómo el transporte público puede responder a nuestras necesidades". Y también piden una mesa de trabajo para ser escuchados.

Con un juego de palabras, definen el nuevo sistema de Colau de "ruina, estafa" y también dicen que con las nuevas tarjetas no queda más remedio que "joderse". Las diferencias con el sistema tarifario anterior que ponen de relieve son: la antigua T-70/30 costaba 183,70 euros. Ahora, para las mismas seis zonas, la nueva T-grup sube a los 335,30€. Un incremento que supone por ellos "doblar el gasto en educación, ocio, asociaciones y otros colectivos que se desplazan en grupo".

Otras entidades como la Asociación de Estudiantes Progresistas recuerdan que si se quiere incentivar una movilidad sostenible y bajar las emisiones, se tiene que poner un transporte que "no sea prohibitivo y ponga en el centro las necesidades de la población". También consideran prioritario que las mejoras se instalen lo más rápido posible dentro del calendario académico.

Una multitud de centros juveniles, casales, juventud de partidos políticos y asociaciones ya se han sumado a esta denuncia pública.