El expresidente de la ANC y el número 2 de la lista de Junts per Catalunya a las elecciones del 21-D, Jordi Sànchez, ha presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en que denuncia que su mantenimiento en la prisión por parte de la Audiencia Nacional "vulnera varios derechos fundamentales".

En su escrito, la defensa considera que se trata de un primer paso necesario para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que el amparo no prospere. La defensa de Sànchez también ha reclamado al TC que, hasta que no se resuelva el recurso, deje en suspenso la orden de prisión para poder participar en la campaña electoral "en condiciones de igualdad" con los otros candidatos.

En vista a la campaña electoral

En su escrito la defensa pide al Tribunal Constitucional que, hasta que se resuelva el recurso, deje en suspenso la prisión de Jordi Sánchez para que pueda concurrir en condiciones de igualdad con los otros candidatos a las elecciones del próximo 21 de diciembre, a las que se presenta como número 2 de la lista de Junts per Catalunya.

La defensa recuerda al Tribunal que en ocasiones anteriores siempre se ha pronunciado con una extraordinaria celeridad cuando ha resuelto recursos del Gobierno relacionados con la situación política en Catalunya y le ha pedido que obre esta vez en el mismo sentido para evitar la anomalía de que un candidato tan significativo deba hacer campaña desde prisión y quede garantizada con ello la normalidad del proceso electoral.

La base del recurso

El recurso se basa en tres motivos:

Vulneración del derecho al juez ordinario, por haber asumido la Audiencia Nacional su competencia en clara vulneración de la normativa procesal y en contradicción con su previo Auto de 2008. Una resolución esta última que fue votada por el pleno de la Sala y en la que la propia Audiencia sostuvo que delitos como la rebelión y la sedición eran competencia de los tribunales provinciales a fin de impedir entonces que el juez Garzón investigara la rebelión franquista de 1936. La defensa invoca expresamente el dictamen de más de cien profesores de derecho penal —entre ellos una ex vicepresidenta del propio Tribunal Constitucional— manifestando que nos encontramos ante una "manipulación pocas veces vista en el ámbito forense" de las reglas de competencia.

Vulneración de garantías procesales por el hecho de que la magistrada Lamela haya justificado la cárcel del Sr. Sánchez en motivos no esgrimidos por el Ministerio Fiscal en la vista oral, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Enmendando la plana al Fiscal, la magistrada perdió su imparcialidad e impidió al Sr. Sànchez defenderse adecuadamente.

Por vulneración de su derecho a la libertad, al no haber justificado mínimamente la magistrada Lamela por qué razones entendía que existía un riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. En palabras del magistrado de Prada, que votó en contra de que Sànchez permaneciera en prisión al resolver su primer recurso, la decisión de la juez Lamela se basa en meros "esteretipos al uso", absolutamente insuficientes para privar a un ciudadano inocente de su libertad.