La democracia española está enferma, pero no porque gobierne una derecha autoritaria añorada del franquismo, porque ese es y será un dato constante del problema, sino por la claudicación de la izquierda, que no ejerce su papel de contrapeso ni es capaz de ofrecer ninguna alternativa esperanzadora. Incluso Alfredo Pérez Rubalcaba alentó Mariano Rajoy a impedir la investidura de Carles Puigdemont aunque costara "el descrédito del Estado". El ex líder socialista, artífice de la salvación de la monarquía organizando aquel relevo clandestino al frente del Esado, no pudo, pese a su inteligencia, remontar el estropicio de Zapatero, pero con Pedro Sánchez todo ha ido a peor. Todo el mundo se burla del líder socialista, prácticamente invisible en el escenario político si no es para ponerse a disposición de Mariano Rajoy. Ahora, cuando ha visto que los partidos de la derecha compiten a ver quién hace la propuesta más feroz para detener los soberanistas catalanes, en vez de plantear una alternativa conciliadora a la represión, más propia de la izquierda, ha querido ejercer de Primo de Rivera, valga la redundancia, y ha propuesto endurecer el código penal para aplicarlo con toda su crudeza a los líderes catalanes que se empeñen en defender la soberanía de Catalunya. Pero lo más divertido es que queriendo aparecer como azote de catalanes, Sánchez ha admitido sin decirlo que no se puede acusar del delito de rebelión al president Puigdemont y al resto de acusados.

"Estamos trabajando en una modificación del Código Penal —ha declarado Pedro Sánchez—  porque es evidente que el delito de rebelión, tal como se tipificó en 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Debemos defender el bien jurídico que es la Constitución ante responsables públicos que lo que están haciendo es valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional y, por lo tanto, es necesario adecuar el delito de rebelión a  la España del siglo XXI y ante hechos tan inauditos como lo ocurrido en nuestro país durante estos últimos meses".

Lo podía decir más alto, pero no más claro, como ya lo han reconocido un centenar largo de juristas, que no se puede acusar de rebelión a los gobernantes soberanistas. Incluso, Diego López Garrido, ahora supuesto correligionario de Sánchez, y redactor del artículo del Código Penal que establece cuándo se comete el delito, ha dejado claro que ninguno de los acusados debería estar en la cárcel ahora mismo.

No hay que preocuparse mucho por Pedro Sánchez porque tiene los días contados como líder socialista. Inmediatamente después de la próxima derrota electoral será cruelmente  defenestrado, pero que el PSOE tenga un líder sólido, con personalidad y que responda al ideario progresista es un hecho relevante para España y también para Catalunya. Incluso el president Quim Torra lo tenía claro no hace tanto. El pleito de los catalanes tiene todas las de ganar en los tribunales europeos como se está demostrando y llegará el momento en que para acabar con los encarcelamientos y los exilios se hará imprescindible un diálogo generoso por ambas partes, que en España sólo podrá propiciar la izquierda, es decir, el PSOE y Podemos. De hecho, sólo por este camino, la izquierda española tiene alguna posibilidad de ganar a la derecha y gobernar. El cambio progresista siempre ha venido del rechazo a la derecha autoritaria, en 1982 después del 23-F y el 2004, tras el 11-M y siempre con el apoyo imprescindible —aritméticamente decisivo— de los catalanes.