El Parlament de Catalunya ha aprobado una propuesta de resolución de Junts en la Comisión de Interior y de Seguridad Pública que obliga ahora al departamento a hacerse cargo del total del gasto que generará la instalación de cámaras de seguridad en los municipios de menos de 5.000 habitantes de todo el país. La propuesta reclama al departamento que lidera la consejera Núria Parlon hacer un plan para pagar estas cámaras que, conectadas al sistema Lectio, permiten un control sobre placas de matrícula y ofrecen, a los Mossos d’Esquadra, una capa de seguridad muy efectiva. La propuesta de Junts, presentada por Irene Negre en la comisión, ha recibido el aval por parte del PSC —además de todos los demás grupos parlamentarios con la excepción de la CUP, que se ha abstenido— y es una enmienda a la estrategia que había desplegado hasta ahora el departamento de Interior, que quería hacer frente al pago de estas cámaras de manera conjunta con los municipios y vía una línea de subvenciones. Ahora, sin embargo, con esta propuesta, el departamento de Interior debe redactar un plan que deberá presentar en el plazo de seis meses para explicar al Parlament cómo instalará estas cámaras y en qué municipios.
La propuesta de Junts va en la línea de desplegar, de manera efectiva, cámaras de videovigilancia en todo el país y, para hacerlo, en el texto presentado a la Comisión de Interior pedían ir más allá de hacer una línea de subvenciones y reclamaban el pago directo, por parte de Interior, de las cámaras, su instalación y su mantenimiento. Para los neoconvergentes, dado que la gestión de las cámaras la deben hacer los Mossos d’Esquadra, y que la seguridad pública es competencia de la policía catalana, es necesario que el departamento sea quien instale y pague estas cámaras, que después tendrá conectadas a sus salas de control. El presupuesto que será necesario destinar a estas cámaras de control de placas de matrículas será muy elevado y será necesario ver cómo Interior hace frente a este compromiso, avalado por los diputados del partido que controla la consejería, y más teniendo en cuenta que, por ahora, no hay presupuestos y lo más caliente está en el fregadero. Diversos municipios de menos de 5.000 habitantes, después de saber que no será necesario que paguen de su bolsillo estas cámaras, ya han empezado a pedir información a través de los servicios territoriales de Interior sobre cómo hacerlo para que el departamento instale las cámaras de Lectio en sus pueblos.

Los diputados del PSC y de Esquerra en la Comisión presentaron cuatro enmiendas, que Junts rechazó. Los socialistas querían cambiar el “desplegar” por “impulsar el despliegue” y también querían que el pago de las cámaras se hiciera por subvenciones, que era la estrategia, hasta ahora, de Interior. Ninguna de las dos propuestas de enmienda del PSC fue aceptada por Junts, pero, aun así, los socialistas votaron a favor de la propuesta de resolución de los nacionalistas. Las dos enmiendas de los republicanos también decayeron; eran dos formulaciones más técnicas, que no habrían cambiado el espíritu de la propuesta de los de Junts. Después de un debate que evidenció el poco control que tienen los diputados de esta comisión del funcionamiento del sistema de cámaras Lectio, finalmente se aprobó con los votos favorables de todos los diputados y solo la abstención de la CUP, que, fieles a su planteamiento ideológico, están en contra de más control, dicen ellos, con cámaras de seguridad. Una vez aprobado, el Parlament notificará a Interior esta propuesta de resolución y habrá que ver cómo desde la consejería se ponen manos a la obra para poder darle cumplimiento, a pesar de que sea una enmienda a la estrategia que habían desplegado con el Lectio, que muchos municipios de menos de 5.000 habitantes querrán y que se ha aprobado con los votos del PSC.
¿Qué es el Lectio?
El sistema Lectio es una herramienta de seguridad basada en la lectura automática de matrículas que permite obtener datos de interés para investigaciones policiales. Forma parte de la estrategia catalana de videoprotección y está especialmente pensado para integrar la información procedente de diferentes cámaras del país, tanto de municipios como de otros actores públicos o privados, con el objetivo de facilitar el trabajo de los Mossos d’Esquadra. Este sistema genera un gran volumen de datos —con millones de lecturas mensuales— que se pueden consultar y explotar para dar apoyo a la investigación criminal y a la prevención del delito. El sistema de lectura de matrículas Lectio de los Mossos ya registra seis millones de consultas mensuales y se reforzará con inteligencia artificial en 2027. En el marco del séptimo Comité de Seguridad y Justicia, la semana pasada, el Govern reafirmó su estrategia de videoprotección y la apuesta por la tecnología "para disuadir la delincuencia", según Parlon. Lectio es una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Funciona en 62 municipios sin policía local y se está tramitando en 21 más. El 31 de marzo empezará a extenderse a poblaciones con policía local, con Gavà como primer caso. En la red viaria, el sistema tiene 48 lectores, la mayoría en la AP-7, y se ampliará a más vías rápidas pronto. En el año 2025, los agentes del cuerpo realizaron 161.000 consultas policiales a LECTIO dentro de investigaciones abiertas.

Funciona porque centraliza y conecta información que, de otra manera, estaría dispersa. A través de una red de lectores instalados en puntos clave de las vías de comunicación, permite detectar movimientos de vehículos, cruzar datos y hacer consultas rápidas en el marco de investigaciones. Además, se basa en un modelo interoperable y en evolución, con la incorporación progresiva de inteligencia artificial para agilizar el procesamiento de datos y mejorar la capacidad de análisis policial. Sus bondades en el ámbito de la seguridad pública son claras: refuerza las capacidades operativas de la policía, mejora la prevención y resolución de delitos y contribuye a aumentar la sensación de seguridad ciudadana, especialmente en municipios pequeños sin policía local, que es donde se prevé que esta nueva medida aprobada en el Parlament tenga más efecto. Además, permite ordenar y estandarizar el despliegue de la videovigilancia, garantizando a la vez la validez jurídica de los datos y una gestión más eficiente y coordinada del sistema de seguridad en el conjunto del país.
Cientos de municipios de menos de 5.000 habitantes
En Catalunya hay un total de 700 municipios de menos de 5.000 habitantes que podrán solicitar a Interior la instalación de estas cámaras de seguridad pagadas por la misma consejería. Sobre todo, es una medida interesante para poblaciones sin cuerpo de policía local, que hasta ahora tenían que hacer una serie de trámites que ahora tendrá que asumir directamente el titular de la seguridad pública, el departamento de Interior. Como mínimo, cada municipio que quiera cámaras tendrá que instalar entre tres y cuatro, según las entradas al pueblo, y se elimina el máximo que quería otorgar por municipio el departamento, que estaba limitado a 30.000 euros y que ahora se tendrá que fijar en función del plan de despliegue que tendrá que redactar la consejería.
Las comisiones en el Parlament
Quizás pensando que las resoluciones que se aprueban en las comisiones no tendrán recorrido, que nadie sigue estas comisiones (por internet la han visto 30 personas) o que, incluso, nadie audita a posteriori los debates y resoluciones de estas comisiones que se hacen en el Parlament de Catalunya de cada una de las consejerías, los diputados aprueban propuestas que van en contra de la estrategia de sus partidos cuando tienen responsabilidad de Gobierno. El caso paradigmático es este de las cámaras Lectio aprobadas en la comisión de Interior, que, si el departamento lo cumple, como le corresponde, deberá hacer un plan bianual que comportará un presupuesto muy elevado y que, a la vez, desmonta el plan de subvenciones que había organizado y presentado públicamente. Solo con los votos en contra del PSC también se habría aprobado, pero sorprende que los diputados socialistas dieran apoyo a la propuesta de Junts. Ahora habrá que ver si Interior cumple.