La Secretaría de Estado de Seguridad ha aprobado este lunes el inicio del procedimiento para resolver el contrato con el que la Guardia Civil debía adquirir 15 millones de cartuchos de 9x19 mm, con un importe estimado de 6,8 millones de euros. La adjudicataria era la empresa israelí IMI Systems LTD, representada en España por Guardian Homeland Security S.A. Según el acuerdo firmado por Aina Calvo, la decisión se fundamenta en el Real decreto ley 10/2025, publicado el pasado 23 de septiembre, que establece medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Este texto impide la importación de material de defensa procedente de Israel.

Fuentes del ministerio del Interior han precisado que la resolución llega después de que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) denegara la correspondiente licencia de importación. El contrato generó polémica política meses atrás. El 21 de mayo, el ministro Fernando Grande-Marlaska admitió en el Congreso que había sido un “error”, aunque aseguró que el Gobierno ya estaba trabajando para corregirlo. Sumar y otros socios parlamentarios habían criticado la adjudicación, mientras que PP y Vox denunciaron que la cancelación dejaba a la Guardia Civil sin munición. A pesar de ello, Marlaska garantizó que no habría desabastecimiento. La controversia evidenció las tensiones dentro del Gobierno y situó Interior en el centro del debate.

Liquidación sin coste para Interior

El documento de resolución establece que la liquidación del contrato será de “cero euros”, dado que no se ha entregado ningún bien. Sin embargo, prevé la devolución de 275.500 euros correspondientes a las garantías depositadas por la empresa (184.500 euros del primer lote y 90.000 del segundo). Interior puntualiza que se trata de un depósito de garantía y no de una indemnización. El ministerio argumenta la resolución en una “imposibilidad legal sobrevenida”, de acuerdo con el artículo 211.1.g) de la Ley de Contratos del Sector Público, derivada de la prohibición de importar material de defensa de Israel. Además, el Real decreto ley de septiembre vela contra cualquier transferencia, tránsito o autorización relacionada con este tipo de material o con productos y tecnologías de doble uso. Con esta decisión, Interior da por cerrado un expediente que había puesto en el punto de mira la actuación del ministerio y que se había convertido en un motivo de tensión política y parlamentaria.