El titular, que podría interpretarse como una pregunta con un "por qué" inicial, es sin duda peculiar si unimos el auto número 40/2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 101 período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU. Más, aún, teniendo en cuenta que el activista saharaui Hussein Bachir Amadour, nacido el 3 de enero de 1991 y residente en El Aaiún, fue expulsado de España a Marruecos, concretamente a Marrakech, en 2019, por el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, quien en su etapa como juez del Tribunal Supremo constató tan solo cinco años antes que "España tiene que proteger" a los saharauis y que el Estado "sigue siendo la Potencia Administradora del Territorio".
Pero, tal y como se ha hecho en el listado al que ha tenido acceso ElNacional.cat sobre los 32 activistas saharauis que se encuentran en prisiones marroquíes, en este punto cabe destacar el caso de Amadour, que fue extraditado por el Estado español hasta Marrakech y lleva encerrado seis años, de una pena total de doce que le impusieron la justicia y autoridades del reino alauí. Su caso fue ampliamente difundido, aunque hace unos meses, el pasado 26 de febrero, se conoció la postura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al respecto, especialmente desde que a finales del año pasado un grupo de saharauis fuera devuelto a bordo de un avión de Air Europa desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta la ciudad de Marrakech. El mismo lugar en el que aterrizó el activista estudiantil condenado a más de una década entre rejas acusado de participar en el ataque y asesinato a un alumno marroquí durante las campañas de autodeterminación del Sáhara Occidental en las universidades de Agadir y Marrakech.
Lanzarote, Las Palmas y prisión tras Marrakech
Amadour arribó a Canarias, concretamente a la isla de Lanzarote, el pasado 11 de enero de 2019 en una patera, de manera irregular. El joven activista, que habría participado en las mencionadas campañas de autodeterminación del Sáhara, quería escapar del supuesto acoso y persecución de las autoridades marroquíes. Esto, precisamente, por haber participado en estas protestas de reivindicación de un territorio clave para Marruecos y que todavía se encuentra pendiente de descolonización por parte de la ONU —organismo que considera a España como la potencia administradora del territorio, tal y como se acogió la Audiencia Nacional en 2014 en el auto de Marlaska. Pero el estudiante saharaui, pese a que asegura que pidió asilo político en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife (Las Palmas), acabó siendo deportado rápidamente y en apenas unos días a Marrakech.
El juez que instruía el caso ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife. Aunque, al parecer, fue escoltado hasta Las Palmas por funcionarios del Ministerio del Interior y fue devuelto a Marruecos. Una vez allí, terminó encerrado en la cárcel de Ait Melloul 1, donde en 2023 estuvo más de un mes en huelga de hambre como "muestra de rechazo a la política de discriminación de la administración penitenciaria marroquí y la privación de sus derechos más básicos". Lleva seis años entre rejas y ahora las Naciones Unidas, tras transmitir una comunicación al Gobierno español, a la que respondió el 29 de julio de 2024, y otra al de Marruecos, contestada el 25 de octubre del año pasado, ha considerado, mediante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, que "las violaciones por Marruecos de los derechos del Sr. Al-Bashir Ibrahim a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales son de tal gravedad que hacen que la privación de libertad sea arbitraria y, por lo tanto, corresponden a la categoría III".
Por otro lado, el mismo Grupo de Trabajo, en el punto 93 de la categoría III, considera que "el gobierno marroquí no ha demostrado suficientemente las medidas adoptadas para investigar la veracidad de esas alegaciones y garantizar que no se utilizó en el proceso judicial ninguna información obtenida mediante malos tratos o tortura". También destaca que el preso no firmara el atestado policial. Por ello, en la decisión final aseguraba que la privación de libertad era "arbitraria" y pedía, dadas las circunstancias del caso, que Amadour fuera puesto "inmediatamente en libertad" y se le concediera el "derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional". Además, solicitó una investigación exhaustiva e independiente al Ejecutivo marroquí para esclarecer las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del joven activista saharaui.
Prisión y devoluciones a Marruecos de saharauis
Han pasado varios meses desde esta declaración y la situación de Amadour es la misma. Sigue en prisión, donde ya ha cumplido la mitad de la condena. Curioso es, al menos recordar, que Interior bajo la dirección de Marlaska fue el que lo devolvió a Marruecos con rapidez, cuando tan solo un lustro antes, el ministro advirtió en un auto redactado como juez de la Audiencia Nacional que el Estado español tiene la obligación de "dar protección, incluso jurisdiccional" a los ciudadanos saharauis "contra todo abuso". Pero en los últimos siete años, prácticamente, pocos casos se han dado en los que los saharauis —que España considera apátridas— no hayan sido repatriados a Marruecos, lo que en muchos casos supone condenas susceptibles de ser cuestionadas por acusaciones que van más allá del activismo por la autodeterminación del Sáhara Occidental.