Desconcierto. El instructor de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó a la familia Pujol Ferrusola, Álvaro Ibáñez Alfaro, ha afirmado este miércoles en el juicio en la Audiencia Nacional que tiene “animadversión personal” a los Pujol porque lo denunciaron y que lo perjudicó, a pesar de que ahora es jefe de sección de la Comisaría General de Información de la policía española. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, sorprendido, ha asegurado que su confesión tienen "consecuencias jurídicas" y le ha advertido que "tiene el deber inexcusable de decir la verdad". Pocos minutos después del inicio de su interrogatorio, Ibáñez se ha encarado con el abogado de Mercè Gironès, Oriol Rusca, por “hacer comentarios”, y el presidente del tribunal ha tenido que volver a intervenir y pedir profesionalidad. Ante esta confesión, es evidente que las defensas reclamarán apartar su testimonio por motivos espurios. Al entrar en la sede de la Audiencia Nacional, el jefe policial —que declara con el apoyo de un portátil— incluso se ha hecho una selfi, según han recogido las cámaras.
La defensa de la familia Pujol, ejercida por Cristóbal Martell, denunció a Ibáñez, junto con su superior, Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la policía española, por haber intentado introducir un pendrive con información bancaria obtenida ilegalmente en la causa de los Pujol en la Audiencia Nacional. Finalmente, solo Pino fue condenado a un año de prisión, y en la vista del martes aseguró que había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Casos de corrupción
En su interrogatorio por parte del fiscal Fernando Bermejo, el jefe de la unidad ha asegurado que la declaración de Vicky Álvarez, expareja del primogéntio de Pujol, les permitió iniciar la investigación a Jordi Pujol Ferrusola, en 2012. Álvarez fue invitada a declarar contra Pujol en la Audiencia Nacional por la policia patriótica del PP, y que el comisario jubilado José Manuel Villarejo no quiso aclarar en el juicio, este martes.
Ibañez ha añadido que el blanqueo de capitales “es el troncal” del caso, y el “delito antecedente, la corrupción”, en genérico sin detallar ningún delito concreto. El presidente de la Audiencia Nacional ha pedido al instructor “casos concretos” de los supuestos hechos delictivos y le ha advertido: "No dé lecciones jurídicas al tribunal, nosotros somos los expertos en derecho". El hijo mayor de Pujol, detrás de Ibáñez, ha escuchado su declaración con atención.
El caso Pujol se reactivó el 25 de julio de 2014 con la confesión del presidente Pujol de que la familia tenía una fortuna escondida en Andorra, regularizada al ser divulgada por El Mundo. Los Pujol sostienen que es dinero de la deixa del abuelo Florenci, mientras la Fiscalía los atribuye a comisiones de empresas a cambio de concesiones públicas.
El instructor de la UDEF (con el número de identificación policial 89.140) ha explicado que los siete hijos de Pujol y su madre tenían cada uno una cuenta bancaria en Andorra, desde los años 90, y que Jordi Pujol Ferrusola les iba haciendo transferencias desde Suiza y otros paraísos fiscales, siguiendo el principio de "caja única" y que encuentra sospechoso. Por eso, Anticorrupción acusa a tota la família de asociación ilícita y blanqueo de capitales. El gestor de las cuentas a Banca Reig, que después fue Andbank, era Josep Maria Pallerola, que tiene que declarar como testigo en el juicio a la Audiencia Nacional. Invitados por Andbank a marcharse, los Pujol traspasaron las cuentas a la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida y extorsionada por la policía española para conocer cuentas de los Pujol y otros políticos, según sus titulares.
También ha añadido que Pujol Júnior y Gironès cobraron de las sociedades Copisa y Emte —sus exdirectivos son también juzgados— "facturas falsas por no hacer nada". Ha vinculado estos pagos a supuestas obras públicas de L9 de metro, el AVE de Girona y L'Hospitalet, aunque sin detallar las adjudicaciones. "Son operaciones sin racionalidad, que es la base del blanqueo", ha asegurado Ibáñez.
Empresas del caso Palau
El jefe policial ha citado como irregular que el hijo mayor de Pujol entrara y saliera en la sociedad gestora de los vertederos de Tivissa y de Vacamorta, cobrando en el segundo caso 5 millones de euros. También de haber cobrado premios de lotería o de distraer propiedades a la administración de Justicia al dar dinero a la hija mayor de Pujol y Gironés para comprar un piso en la calle Ganduxer "donde estaba la trama" ya que inicialmente era el despacho de Jordi Pujo Ferrusola, compartido con Jordi Puig Godes, hermano del exconseller Felip Puig.
Ibáñez ha explicado al tribunal que fue instructor del caso Palau de la Música, donde Convergència fue condenada para cobrar 6,6 millones de euros de Ferrovial, que contaban a la entidad. Por eso, vio que dos empresas condenadas en el caso Palau por haber financiado ilegalmente el partido —Altraforma y Hispart, además de Winer Graph— también pidieron un crédito a Fibanc, avalando por Pujol Júnior, a pesar de que la defensa soste que era la Banca Reig, que después era devuelto por Convergència o el Grupo Arnó, "que tuvo muchas concesiones públicas". Los responsables de dos de estas empresas, que afirmaron que hacían campañas a CDC, se desmarcaron de estos créditos, en sesiones anteriores del juicio a los Pujol.
Ante la carencia de concreción de supuestas comisiones, el instructor de la UDEF ha recordado que en la sentencia del caso Palau se afirma que no hace falta una vinculación directa con una obra o adjudicación pública, puesto que las sociedades pagaban antes o hacían donaciones al partido para estar bien posicionadas. Finalmente, el instructor ha asegurado que Jordi Pujol Ferrosula ha evadido unos 29 millones de euros al estranjero. Por eso la Fiscalía le pide 29 años de prisión por los delitos contra Hacienda, frustración de la ejecución y falsedad documental, además de los otros dos que acusa a su padre y hermanos: associación ilícita y blanqueo.
El interrogatorio del fiscal ha durado más de cuatro horas, y este miércoles por la tarde continuará el abogado del Estado. Es previsto que los abogados defensores interroguen el inspector Ibáñez, este jueves.