Un inspector de Hacienda ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional que Josep Pujol Ferrusola hizo un préstamo “simulado” de 800.000 euros en 2010 para poder justificar este ingreso en efectivo. El tribunal, que juzga al president Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios, ha escuchado el razonamiento de este funcionario de la Agencia Tributaria que ha detallado que en julio de 2013 iniciaron una inspección a Josep de los ejercicios 2009 a 2011. Comprobaron que tenía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), que cerró en 2012, dos años antes de la confesión del president Pujol de que la familia tenía millones en Andorra no declarados a Hacienda. La única operación cuestionada por Hacienda es el préstamo que Josep Pujol explicó que hizo a otro acusado, Jorge Barrigon, y que por eso tenía 800.000 euros en una caja del banco. “No se vio la trazabilidad, y por eso consideré que era una ganancia no justificada”, ha manifestado el inspector. Por este hecho, la Fiscalía Anticorrupción pide 3 años de prisión a Josep Pujol por un delito contra Hacienda, además de 3 años más por falsificación documental, y los otros dos delitos compartidos con su padre y sus hermanos: 3 años de prisión por asociación ilícita, 4 por blanqueo de capitales. Es decir, un total de 14 años de prisión.
Por el contrario, la defensa de Josep Pujol, ejercida por el abogado Jaime Campaner, ha hecho aclarar al inspector de Hacienda que el acuerdo con Barrigon era “una opción de compra, no una compra” de una sociedad. Además, le ha preguntado si no valoró una motivación espuria y “animadversión” en el testimonio que le dio por escrito Antoni Rebés d’Areny, que tenía un negocio de helicópteros, que aseguró que no quería vender su empresa a un tercero supuestamente relacionado con Barrigon. Rebés también declaró al tribunal. El penalista también ha evidenciado que el inspector sabía que Rebés quería presentarles una querella, a pesar de que no le dio ningún dato reservado, tal como le pedía el ciudadano andorrano en un correo electrónico.
Testimonio con Alzheimer
En esta sesión, la número 26, se ha vivido un nuevo hecho insólito. La Audiencia Nacional ha conectado con una residencia para intentar hablar con David Besas Aris, de 91 años, cuya abogada comunicó al tribunal que está diagnosticado de Alzheimer y demencia y no puede comprender nada. El fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, quería su interrogatorio para aclarar si tenía una cuenta en Andorra y si había recibido supuestamente dinero de Jordi Pujol Ferrusola.
En la conexión, una responsable de la residencia ha comunicado al tribunal que el señor Besas, sentado en una silla de ruedas, “no habla”. Con todo, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha intentado su juramento, y después de ver que no respondía, es cuando el fiscal ha desistido de su interrogatorio. No ha hecho lo mismo con su mujer, Rosa Maria Manonelles de 90 años, la cual ha contestado por inercia y ha pedido al tribunal saber qué pasaba porque no entendía nada. Nuevamente, el presidente del tribunal ha tenido que explicarle que no pasaba nada, todo y tomarle declaración.
No es la primera vez que el tribunal del sPujol mantiene la citación de personas mayores y hasta que no comprueban su estado de salud, a pesar de los informes, no renuncian a ella. Un posicionamiento extremo que también se mantiene con el presidente Jordi Pujol, del cual todavía el tribunal no ha resuelto si lo excluye del juicio, a pesar de que los forenses confirmaron que, por su avanzada edad, tiene problemas cognitivos para entender todo el procedimiento y ser interrogado. Con todo, el presidente del tribunal acordó que cuando llegue el momento de interrogarlo, seguramente a finales de abril, lo volverán a valorar.
Periciales de las defensas
El juicio contra el president Pujol vuelve a detenerse y se reanudará la semana del 13 de abril. Será el turno de los peritos de las defensas, que intentarán desmontar las irregularidades fiscales que mantiene la Fiscalía, a pesar de las discrepancias de Hacienda, como se vio en la sesión del lunes. En aquella sesión, una jefa de Hacienda dejó claro que el delito fiscal de 2008 imputado al hijo mayor del president Pujol está prescrito. Anticorrupción, sin embargo, le pide 3 años de prisión para cada uno de los ejercicios de 2007 a 2012.