El inspector y un subinspector de la policía española imputados por haber herido gravemente a Roger Español han señalado al escopetero, también imputado, como el único responsable final de la mutilación del ojo derecho que sufrió el activista por el impacto de una bala de goma el 1-O, este jueves en el juicio en la Audiencia de Barcelona. El inspector —con el número profesional 73.861 y que ha obligado a detener el juicio tres horas porque estaba ingresado en un centro sanitario por hipertensión— ha admitido que él ordenó a los once escopeteros de su unidad que dispararan balas de goma, después de que "la masa" les tirara objetos en los alrededores de la escuela Ramon Llull, y cuando retrocedían por la calle Sardenya.
A pesar de asumir la responsabilidad, el inspector ha detallado que él da la orden de "pelota" y sus cargos intermedios, subinspectores y jefes de unidad, la van pasando hasta que llega a los escopeteros. Al ser repreguntado por las acusaciones, finalmente el inspector ha afirmado que los escopeteros "no pueden desobedecer la orden", pero que cada escopetero decide el momento de disparar "cuando él lo cree conveniente". Incluso, ha declarado que aquel día, en medio de la calle Sardenya, algunos movieron el arma, pero después no dispararon. Tiraron 17 balas de goma en aquel pequeño tramo.
Situación de "extrema gravedad"
Con todo, el responsable de la unidad policial ha asegurado que la situación era "de extrema gravedad", supuesto que la circular policial de 2013 permite a los escopeteros disparar a una distancia de unos 15 metros, aunque ha admitido que en aquel tramo no les lanzaban vallas, como había pasado en la intersección con la calle Diputació. El escopetero que hirió a Español disparó a 14,12 metros, según una pericial de los Mossos. La circular de la policía española fija que se dispare a 25 metros, excepcionalmente, y a 50 metros, habitualmente.
Antes, el subinspector con el número de identificación 84.652 imputado ha declarado que la situación vivida antes de los disparos era muy tensa, en la escuela Ramon Llull. Ha aclarado que él dio la orden a sus jefes de unidad y estos a los escopeteros. Es decir, que él no dio la orden directa al escopetero imputado. Los dos policías han asegurado que no vieron cómo Roger Español cayó al suelo y los vecinos pedían ayuda con las manos levantadas. El segundo subinspector imputado, con el número profesional 58.808, ha asegurado que no tenía competencia directa con el escopetero imputado.
El escopetero se exculpa
Por su parte, el escopetero, con el número profesional 73.861, ha declarado que obedeció la orden de disparar de sus superiores, y que "calculó" que era una distancia de 15 metros, la que permite la circular policial, distancia también destacada por el inspector. Ha indicado que disparó dos balas y una salva. A preguntas de la fiscal, que parecía la abogada defensora, el escopetero ha afirmado que la orden no le pareció incorrecta. Ha añadido que no pensaba que con su actuación podría provocar una herida tan grave, como la de Español, o que asumiera un riesgo elevado. "Nos enseñaron que era un elemento disuasivo", se ha exculpado.
Las acusaciones mantienen la prisión
Los dos jefes policiales han contestado a las preguntas de la acusación particular de Español, con el abogado Benet Salellas, y de las acusaciones populares de Irídia (con la abogada Anaïs Franquesa), Òmnium (Laia Serra) y la ANC (Esther Palmés). Todas las acusaciones han elevado a definitivas las peticiones de 12 y 13 años de prisión para cada uno de los agentes por los delitos de lesiones y contra la integridad moral.
La fiscal Alejandra García ha confirmado que solicita su absolución, como también las defensas ejercidas por letrados de la Abogacía del Estado. Solo el escopetero tiene un abogado privado, del sindicato policial, Javier Aranda.
Nueve argumentos de delito doloso
Paralelamente, en el interrogatorio, un intérprete de catalán a castellano ha ayudado a los imputados, algunos de los cuales entendían parte de las preguntas en catalán. Todo ha funcionado correctamente, no como en la primera sesión, y parecía que el traductor ni estaba, sin retrasar la vista.
En los informes finales, el penalista Benet Salellas ha asegurado que los cuatro agentes han incumplido los principios de la ley de Regulación de las Fuerzas de Seguridad de auxiliar a la ciudadanía. También ha detallado nueve argumentos para demostrar que en la actuación del escopetero y sus superiores hubo un uso desmesurado de la fuerza, y que eran conscientes de que podían causar una grave lesión, como la mutilación de Español. "Con 70 mutilaciones oculares en el Estado español por el impacto de balas de goma no se puede decir que no era un peligro no conocido ni previsible", ha espetado Salellas dirigiéndose a la fiscal por sus preguntas exculpatorias al escopetero. El penalista ha asegurado que ni la Fiscalía ni las defensas han aportado "ninguna prueba" de los supuestos lanzamientos de "adoquines, botellas y paraguas con pinchos", como repetían los policías que declararon como testigos. En los videos, ha añadido, sí que se ve el lanzamiento a tierra de vallas en la esquina de la calle Cerdeña con Diputación.
El abogado de Español también ha recordado la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, que absolvió al escopetero de los Mossos, acusado de mutilar el ojo izquierdo de Ester Quintana en 2014, al no quedar claro el autor. Ha recordado que el tribunal, pero, dejó claro que había dolo" y reprochaba a los agentes haber disparado a una distancia menor de 50 metros!". Salellas ha denunciado que el Ministerio del Interior no ha contactado ni ha indemnizado a Español, a quien ha revictimizado; por el contrario, la Generalitat resarció a Quintana antes del juicio.
La tortura o trato degradante
La abogada y directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha centrado su informe en destacar que organismos internacionales consideran que es un delito de tortura o trato degradante el hecho que los agentes, que tienen que hacer cumplir la ley, hagan un uso desproporcionado de la fuerza, y que en el caso de Español se cumple. "No hubo ninguna situación extrema", como denuncian los agentes y se evidencia en los videos, ha asegurado Franquesa.
En los informes finales, las acusaciones particular y populares se han repartido la exposición de las conclusiones. La abogada en nombre de la ANC, Esther Palmés, se ha centrado en desmontar la petición de la Fiscalía y las defensas de que se aplique la exención de responsabilidad criminal (artículo 20.7 del Código penal) a los cuatro agentes porque "cumplían una orden".