Las filtraciones de la Operación Volhov llega en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho de la mano de los partidos independentistas y también de Podemos. Este martes, ERC, JxCat, la CUP, Unidas Podemos, EH Bildu y el BNG han registrado una petición de comisión de investigación en la cámara baja española. Ahora será la Mesa y la Junta de Portavoces quienes tendrán que dar los siguientes pasos, donde el voto del PSOE nuevamente será imprescindible. Han sido justamente los socialistas los que han frenado otras peticiones de comisión de investigación, por ejemplo sobre la corrupción del rey emérito Juan Carlos I en Arabia Saudí.
El objeto de la comisión de investigación es saber "al detalle" quien de los cuerpos del Estado y funcionarios son los responsables de filtraciones de secretos de sumario y de grabaciones de conversaciones privadas. En segundo lugar, también quieren "investigar la posible existencia de cualquier trama parapolicial al margen de la legislación y el control democrático en el seno de las instituciones del Estado". Finalmente, también pretenden analizar las actuaciones del Ministerio del Interior respecto a esto y proponer medidas para prevenir y controlar para "imposibilitar la creación futura de tramas de espionaje irregulares y de cualquier estructura policial paralela al margen de la legislación vigente".
A la exposición de motivos, los partidos firmantes lamentan que "la intromisión a la intimidad por medios ilícitos de líderes políticos y sociales con la intención de conocer información para influir en el debate público ha venido siendo una práctica recurrente". Ponen el ejemplo de la instrucción del 1-O en el juzgado número 13. La mayoría de aquellas conversaciones, "sin ningún tipo de interés para las causas judiciales y/o vinculación con el objeto de las investigaciones".
También ponen el "ejemplo palmario" del caso Tamara Carrasco, cuyo sumario "ha generado grandes titulares que después han causado perjuicios a personas individuales y colectivos". Ante estas "filtraciones sistemáticas", los firmantes denuncian que "la persecución de la disidencia política es una realidad a día de hoy en el Estado español", y que es "totalmente impropio en una democracia".