Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno español recalca que la investidura es un acto de carácter "indelegable" y "exige un debate presencial". De hecho, avisa de que una investidura telemática plantearía "un primer problema en el momento de la toma de posesión del cargo" y más adelante la "dificultad" de presidir reuniones de gobierno o la firma de acuerdos y disposiciones generales.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva días estudiando todos los escenarios para impedir la pretensión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a Bruselas desde finales de octubre, de ser investido telemáticamente o vía Skype.
En el citado informe, el Ejecutivo hace alusión a diferentes normativas e incluso una sentencia del Tribunal Constitucional para concluir que el propio sistema parlamentario "exige un debate presencial, en el que el propio candidato tiene el deber de asistir físicamente".
Forzadamente presencial
En primer lugar alude al Reglamento del Parlament catalán, que señala en su artículo 146.1 que el candidato presente su programa de gobierno y solicite la confianza del Pleno, por lo que "no contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación".
El informe explica que el propio reglamento del Parlament, de forma "excepcional" y con una "serie de limitaciones y controles" por parte de la Mesa, establece que esa delegación se puede realizar en supuestos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente justificada. Subraya que tanto ante el Congreso de los Diputados como en Catalunya y en el resto de Cámaras autonómicas, "las investiduras se han hecho de forma presencial, lo que permite afirmar que existe una costumbre constitucional y parlamentaria arraigada en ese sentido".