La jueza de Barcelona que investiga a varios ex altos cargos del Govern por el 1-O ha citado como imputado por desobediencia al responsable de la dirección comercial y de marketing de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), por la emisión de anuncios sobre el referéndum.

En un auto, al cual ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado para este viernes, 22 de marzo, al responsable comercial de la CCMA por la emisión de los anuncios sobre la celebración y promoción de la participación en el referéndum del 1-O en los medios públicos de la Generalitat en septiembre del 2017. Fuentes de la CCMA consultadas por Efe no han querido hacer declaraciones sobre esta imputación.

La jueza, que mantiene imputada a la entonces máxima responsable de la CCMA Núria Llorach y a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, ha reclamado al organismo que dirige los medios públicos de la Generalitat que aporte una certificación de las emisiones del anuncio de la campaña de "Civisme" durante septiembre del 2017, especificando los días en que se publicaron.

La jueza también ha requerido a la CCMA el contenido de las grabaciones en radio y los elementos videográficos de estos anuncios de la campaña "Civisme" que, bajo el logotipo de la Generalitat, mostraban unas vías de tren que se bifurcaban con el eslogan: "Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás?".

La elaboración y emisión de la campaña "Civisme" es una de las bases en que se fundamenta la acusación por malversación en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo, ya que la CCMA emitió dos facturas de 93.000 y 180.000 euros a la Conselleria de Presidència, si bien el conseller Jordi Turull alega que no tenían que pagarse por estar dentro de un contrato marco.

Niega ninguna adjudicación irregular al 13

Por otra parte, la jueza ha desestimado el recurso de nulidad de toda la causa interpuesto por algunos de los acusados, al no apreciar "ninguna infracción" en las normas de reparto cuando se adjudicó la investigación sobre los preparativos del referéndum al magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, ya fallecido.

Algunas de las defensas pidieron la nulidad de la causa al considerar que estaba viciada de origen porque se adjudicó de forma "irregular" al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por su "obsesión" con el procés independentista.

Por el contrario, la jueza Alejandra Gil, que sustituye a Ramírez Sunyer, sostiene que la petición de nulidad parte de una "premisa errónea", ya que cuando el 27 de enero del 2017 se presentó la denuncia que dio pie a la apertura de esta causa la norma de reparto no excluía a los magistrados que estaban de guardia.

La jueza insiste en que no sólo no se cometió ninguna infracción de las normas de reparto, sino que la adjudicación en el juzgado 13 se llevó a cabo de manera "informática y aleatoria", por lo cual desestima el incidente de nulidad para anular toda la causa.

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