El president de la Generalitat, Salvador Illa, recurrirá contra la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa contra el eurodiputado Alvise Pérez por la difusión de una prueba PCR falsa atribuida a Illa en el año 2021, cuando era ministro de Sanidad. Según han confirmado fuentes del Govern a ElNacional.cat, el president presentará un recurso de apelación ante la Sala Segunda del alto tribunal para impugnar el sobreseimiento del procedimiento por presuntos delitos contra el honor y falsedad documental. "El president recurrirá y quiere llegar hasta el final de este asunto", han asegurado las mismas fuentes, que han defendido que "las redes no pueden ser un espacio de impunidad para los agitadores y los propagadores de mentiras".
La respuesta de Illa llega después de que el magistrado Javier Hernández acordara cerrar la investigación al considerar que no hay suficientes indicios para solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad de Alvise y continuar el procedimiento penal contra él. En su resolución, Hernández sostiene que no se puede afirmar que Alvise fuera el autor de la falsificación del documento publicado en Twitter ni que supiera que era falso cuando lo compartió. En cuanto al presunto delito de injurias, el juez concluye que la difusión de la PCR no comportó un grado de humillación, menosprecio grave o descrédito que justifique una respuesta penal.
El archivo de este procedimiento contrasta con la evolución de otra causa abierta contra Alvise en el mismo Tribunal Supremo. Una magistrada del alto tribunal ha solicitado al Parlamento Europeo que levante la inmunidad del eurodiputado para poder seguir investigándolo por un presunto delito de desórdenes públicos. Los hechos se remontan a febrero de 2024 y están relacionados con varios mensajes que Alvise publicó en Telegram durante unas protestas del sector agrícola.
La magistrada Carmen Lamela considera que los mensajes difundidos por Alvise durante las protestas agrarias podrían ir más allá del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Según expone en su resolución, las publicaciones contenían instrucciones para interrumpir la circulación en carreteras, bloquear accesos y centros logísticos y provocar el colapso de ciudades mediante acciones coordinadas. También hacían referencia a la posibilidad de aprovechar la falta de efectivos policiales, mantener los bloqueos y apoyar a los piquetes. La jueza también señala que Alvise publicó los mensajes entre el 6 y el 10 de febrero de 2024, antes de convertirse en eurodiputado, de manera que no se pueden considerar opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias europeas.