Contra todo pronóstico, la justicia ha tumbado el confinamiento de Madrid. Las alarmas han saltado inmediatamente en el Ministerio de Sanidad, que ha convocado la mesa bilateral con la Comunidad para esta misma tarde para buscar una alternativa. Desde el Congreso de los Diputados, el ministro Salvador Illa ha querido ser rotundo: "Nos importa poco o nada cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos". Ha subrayado que la política de su departamento "está alineada con la ciencia y los técnicos". Y ha garantizado que adoptarán las "decisiones jurídicas" que sean necesarias.
La noticia ha pillado a Salvador Illa compareciendo en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y no ha rehuido la cuestión. "El plan A, el plan B y el plan B son proteger la salud pública basándonos siempre en las recomendaciones de los expertos", ha defendido el responsable sanitario, donde también ha enmarcado el acuerdo de la Interterritorial de Sanidad que imponía medidas a las grandes ciudades españolas que cumplieran determinadas variables.
"Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios", ha sostenido el dirigente socialista. "A partir de aquí, guiados por aquello que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", ha dejado claro el ministro. Por eso ha informado de la convocatoria de la reunión del Grupo Covid-19. "Estamos seguros de que la Comunidad de Madrid coincidirá con este planteamiento", ha asegurado. Es en este grupo "donde se tiene que tomar una decisión".
Los argumentos del TSJM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avala el confinamiento perimetral de Madrid. La sala de lo contencioso-administrativo ha denegado este jueves la ratificación de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad. El auto sostiene que, con estas decisiones, se ven afectados los derechos y libertades fundamentales. El tribunal considera que, con el actual ordenamiento legal, esta limitación no se puede hacer mediante una orden ministerial y hace falta que el Congreso de los Diputados ratifique previamente las medidas. Estos argumentos chocan con los expuestos por la Audiencia Nacional para rechazar medidas cautelarísimas, al entender que no afectaban directamente derechos fundamentales de los ciudadanos.
"Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley", sostienen los magistrados en su auto.